La Cámara Nacional Electoral (CNE) ha desatado polémica tras decidir que los organismos electorales provinciales deberán pagar un arancel variable para acceder al Registro Nacional de Electores. Esta resolución, que podría recaudar hasta $1.300 millones, ha causado indignación entre las provincias, quienes consideran que el acceso gratuito al padrón es un derecho fundamental garantizado por el Código Electoral Nacional.
La decisión, tomada el pasado 12 de noviembre, se basó en una reciente disposición de la Corte Suprema que delega en la CNE la definición de la compensación económica para garantizar la actualización del registro. Según la acordada firmada por los jueces Santiago Hernán Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Ricardo Dalla Via, el acceso libre está sujeto a costos si las solicitudes representan una “tarea adicional o erogación cuantificable”.
Impacto económico y quejas provinciales
El cálculo preliminar estima que la provincia de Buenos Aires, con más de 13 millones de electores, debería pagar cerca de $440 millones, seguida por Córdoba ($116 millones), Santa Fe ($109 millones) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($100 millones). Gobernadores como Axel Kicillof ya han expresado su rechazo, argumentando que las provincias no deberían asumir costos adicionales por una tarea que, en gran medida, recae sobre los registros civiles provinciales.
“¿Por qué las provincias deben pagar por algo que ya hacen?”, cuestionan desde las jurisdicciones. Además, recuerdan que la digitalización de los registros, financiada previamente por la Corte Suprema, buscaba reducir costos y simplificar los procesos.
Tensiones políticas y posibles represalias
Esta medida no solo reaviva las tensiones entre las provincias y el Gobierno Nacional, sino que también abre el debate sobre la reciprocidad en los costos. Algunos gobernadores plantean que las provincias podrían comenzar a exigir compensaciones a la Nación por el uso de instalaciones escolares, seguridad y otros servicios esenciales durante los comicios.
El conflicto promete escalar en un contexto donde las provincias defienden el acceso libre al padrón como un pilar de la democracia.
