En los Tribunales federales, este jueves se llevó a cabo una audiencia multipropósito en el marco del nuevo sistema procesal penal federal, que busca erradicar décadas de oscurantismo. La jornada tuvo como figura central al juez federal Marcelo Bailaque, quien enfrentó acusaciones por presuntas "incorrecciones funcionales" en al menos tres causas. Sin embargo, lo que más destacó fueron las medidas implementadas para proteger al magistrado y limitar la labor de los periodistas.
Restricciones sin precedentes
El juez Eduardo Rodrigues Da Cruz, encargado de presidir la audiencia, prohibió el ingreso de fotógrafos y camarógrafos al edificio y restringió el uso de celulares por parte de la prensa. Inicialmente, los periodistas solo podían tomar notas con lápiz y papel, aunque luego se permitió el uso de computadoras. Además, un cordón de agentes de la Policía Federal bloqueó la vista hacia Bailaque, quien permaneció sentado de espaldas al público mientras escuchaba las acusaciones por corrupción.
La custodia en la sala de audiencias fue rigurosa. Uno de los agentes portaba un puntero láser y advertía sobre posibles expulsiones ante cualquier “acción inapropiada”. Este operativo fue criticado por periodistas que lo calificaron como una regresión en transparencia y acceso a la información.
Las acusaciones
La Fiscalía expuso tres causas principales:
Narcotráfico y lavado de activos:
La Procuraduría de Narcotráfico señaló que dos contadores, Gabriel Mizzau y Eduardo Semino, facilitaron maniobras para lavar activos vinculados a la organización liderada por Esteban Alvarado, condenado por narcotráfico. Mizzau, quien también era contador de Bailaque, es acusado de realizar asesoramientos contables que permitieron subvaluar bienes, manipular balances y presentar facturas apócrifas. La relación personal entre Bailaque y Mizzau, incluyendo la contratación del hijo de este último en su juzgado, es parte de la línea de investigación.Cooperativa de Trabajos Portuarios:
Esta pesquisa, encabezada por Procelac, apunta al vínculo entre Bailaque y Herme Juárez, líder sindical portuario, quien enfrenta cargos por asociación ilícita. Según la Fiscalía, Bailaque transfirió fondos hacia un grupo ligado a un amigo cercano, omitiendo excusarse del caso, lo que permitió la continuidad de las maniobras económicas.Fraude fiscal y corrupción en la Afip:
En esta línea, la investigación se enfoca en Carlos Vaudagna, ex jefe de la delegación Afip en Rosario, quien admitió la propiedad de $200 mil dólares hallados en una caja de seguridad vinculada al caso Vicentin. La Fiscalía federal argumenta que Vaudagna era parte de una red que favorecía a contribuyentes en problemas legales, en la que Bailaque habría jugado un rol clave.
Un proceso en pausa
Al cierre de la audiencia, la defensa de Vaudagna presentó una recusación contra Rodrigues Da Cruz por su participación previa en casos relacionados con Alvarado. El tribunal decidió un cuarto intermedio hasta este viernes, dejando en suspenso las decisiones clave en este proceso cargado de tensiones judiciales y políticas.
