Sin grandes confrontaciones, el Poder Ejecutivo y Judicial en Santa Fe mantienen una tensa relación, reflejada este jueves en la aprobación de una reforma judicial que amplía a siete el número de jueces de la Corte Suprema provincial y establece que ministros y procuradores deberán retirarse al cumplir los 75 años. A pesar de los avances, las posturas sobre la reforma siguen siendo profundamente distintas.
En declaraciones prudentes pero firmes, el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, quien tiene 76 años, evitó confirmar si acatará la nueva legislación que limita la edad de los jueces. "Los legisladores son ellos y para eso están, espero que sea para bien. No puedo opinar de este tema porque me toca personalmente, pero la legislación siempre mira hacia el futuro", expresó, dejando claro que la norma no aplicaría retroactivamente. Esta afirmación, implícitamente, deja entrever que su permanencia en el cargo podría no verse afectada, dado que la legislación no es retroactiva, y cualquier modificación sobre su caso recaerá, en última instancia, en la Justicia.
Por su parte, Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia, reafirmó su postura a favor de una "Justicia moderna" y destacó que, aunque la Corte no obstruye, no ha avanzado en las reformas necesarias para una Justicia más ágil y económica. "Para mí sería más fácil, como muchos me dijeron, «Te conviene arreglar con la Corte». Esta Corte no ha hecho las reformas que necesitamos", manifestó.
La reforma aprobada esta semana establece que los jueces de la Corte Suprema deberán cesar sus funciones al cumplir 75 años, aunque podrán continuar por cinco años más con la aprobación legislativa. A nivel nacional, los ministros de la Corte Suprema deben solicitar un nuevo nombramiento al cumplir esa edad, con la aprobación del Senado, un proceso que fue utilizado por Carlos Fayt, quien permaneció en su cargo hasta los 97 años, desafiando el paso del tiempo.
El clima de relación entre el gobernador y el juez se mantiene formalmente respetuoso. Gutiérrez señaló: "Más allá del punto de vista distinto que podamos tener, hay una postura de respeto entre los tres poderes". Sin embargo, ese tono de respeto también esconde advertencias, como las expresadas por Pullaro, quien aseguró que su objetivo es transformar la Justicia para que sea más eficiente y económica.
Sobre la reforma constitucional, que también se debate en la provincia, Pullaro aclaró que no es una prioridad para su gestión, ya que los problemas de seguridad y educación requieren atención urgente. Sin embargo, no dejó de mencionar que podría incluir cambios importantes, como la reelección del gobernador y una nueva distribución proporcional en la Cámara baja. La reforma requiere el consenso de las fuerzas políticas y, dado que es un tema íntimamente ligado a su futuro político, su resolución no estará exenta de complejidades.
