El gobierno de Javier Milei ha iniciado la revisión de diversas pensiones de privilegio vinculadas a exfuncionarios políticos, anunciando que entre 13 y 15 casos están siendo analizados conforme a la normativa vigente. Sin embargo, han dejado claro que no existe intención de revocar la asignación percibida por Zulema Yoma, viuda del fallecido expresidente Carlos Menem.
“No veo la similitud. En el caso de Cristina, ella es la titular de la asignación, la que incumple. En el caso de Yoma, no”, explicó una alta fuente oficial, marcando diferencias entre el caso de la exmandataria Cristina Kirchner y el de Menem, ambos condenados por la Justicia. Mientras se avanza con la quita de privilegios a Kirchner tras su condena, la pensión de Yoma, que asciende a $8.535.635 mensuales según datos de acceso público, permanece intacta.
La controversia sobre la eliminación de pensiones especiales resurgió luego de que la administración libertaria diera de baja las asignaciones de Cristina Kirchner tras ser condenada por la Cámara de Casación. La exmandataria cobraba un total bruto de $35.255.297,73, equivalente a casi 136 jubilaciones mínimas, según destacaron desde el Ejecutivo. Esta medida se justificó bajo el artículo 36 de la Constitución, que establece sanciones por delitos graves contra el Estado.
En el caso de Menem, condenado a 4 años y 6 meses de prisión por el pago de sobresueldos con fondos de la SIDE, el Gobierno argumenta que la pensión de Yoma es “un derecho adquirido”, al no estar directamente implicada en delitos. En contraste, calificaron las asignaciones de Kirchner como “un resabio medieval” incompatible con la ética pública.
Además de Yoma, la revisión abarca otras pensiones derivadas, como las de la exesposa del presidente de facto Roberto Levingston y la hija de José María Guido. Sin embargo, funcionarios insisten en que “ante la indignidad, el privilegio tiene que caer”, postura que no han aplicado al caso de Menem.
Un funcionario admitió que, de estar vivo, Menem enfrentaría una situación similar a la de Kirchner y Amado Boudou, ya que su condena lo pondría bajo la misma causal de “indignidad”. No obstante, la administración Milei ha preferido mantener la pensión de Yoma, desvinculándola de la controversia.
La decisión de avanzar con estos recortes generó debate, pero en la Casa Rosada se muestran confiados en la legalidad de las medidas: “Estamos convencidos de que tenemos las de ganar; si no, no lo hubiéramos hecho”, concluyó un vocero oficial.
