Alberto Fernández se presentó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa que investiga presuntas irregularidades en Nación Seguros. Durante su exposición, el expresidente negó categóricamente haber favorecido a su amigo Héctor Martínez Sosa en la obtención de contratos estatales como broker. “Jamás pedí que un seguro del Estado pase a través de sus manos o lo tomen como asesor de seguros”, afirmó Fernández.
La declaración se centró en el decreto 823/2021, que obliga a entidades públicas a contratar pólizas a través de Nación Seguros. Fernández defendió esta medida explicando que buscaba redirigir recursos hacia el Banco Nación en lugar de destinarlos a aseguradoras privadas. “La intervención de productores no genera una erogación del erario público”, aseguró, aludiendo a que los costos ya están incluidos en las primas de los seguros.
El fiscal Carlos Rívolo interrogó a Fernández sobre un chat que forma parte de la investigación. En el mensaje, su exsecretaria María Cantero mencionaba: “Héctor tiene un problema con un contrato de Cancillería”, a lo que Fernández respondió: “Yo me ocupo”. Al explicar esta respuesta, el expresidente dijo: “Lo llamé al Canciller y le pregunté si había algún problema con los seguros. Le advertí que tuviera cuidado con alguna maniobra de terceros. Mi intervención no tuvo nada que ver con Nación Seguros”.
Además, el expresidente subrayó que su vínculo con Martínez Sosa era limitado: “En mis cuatro años de mandato, no creo haber hablado con él más de cuatro o cinco veces, y nunca sobre negocios”, aclaró.
Contexto de tensión judicial
La defensora de Fernández, Mariana Barbitta, calificó la indagatoria como “tensa”, atribuyendo esta situación al enfrentamiento entre el expresidente y el juez Julián Ercolini. Según Barbitta, el decreto que obliga a contratar con Nación Seguros es “jurídicamente impecable, legítimo y administrativo”, y su objetivo principal fue limitar la salida de divisas al exterior.
Asimismo, Barbitta aseguró que solicitarán la nulidad de la indagatoria y defendió que “el decreto excluye cualquier posibilidad de intermediación”. Además, insistió en que el caso responde a un “direccionamiento político”, más que a irregularidades reales.
Respaldo al decreto y recusación del juez
Fernández afirmó que nunca autorizó ningún acto que habilitara irregularidades en el proceso de contratación de seguros. Según su defensora, el expresidente siente que “no está ante un juez imparcial”, por lo que recusó a Ercolini, asegurando que no se le han brindado garantías de imparcialidad en el proceso judicial.
El caso sigue en desarrollo, mientras Fernández insiste en que las acusaciones en su contra carecen de fundamento jurídico y responden a intereses políticos.
