El expresidente Alberto Fernández acudió este miércoles a los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales. La audiencia, inicialmente programada para el 20 de noviembre, se reprogramó para hoy a pedido de la fiscalía.
Citado a las 10, Fernández llegó media hora antes y presentó un escrito en el que rechazó cualquier vínculo con las maniobras investigadas. Evitó responder preguntas del juez y del fiscal, limitándose a contestar las de su abogada, Mariana Barbitta. Al finalizar, se retiró sin dar declaraciones a la prensa, aunque Barbitta afirmó que la indagatoria fue “tensa” debido a la recusación que el expresidente mantiene contra el juez Julián Ercolini.
“El decreto de los seguros es jurídicamente impecable, legítimo y está sostenido en una decisión administrativa,” defendió Barbitta, señalando que el decreto buscaba evitar la fuga de divisas y que “el tema de la tercerización está alejado del decreto”. La defensa solicitará la nulidad de la indagatoria por considerar que “no se garantiza la imparcialidad del juez”.
La causa
Fernández está acusado de presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, en un esquema que habría favorecido a Nación Seguros S.A. mediante la eliminación de licitaciones públicas, generando un perjuicio al Estado. La investigación se centra en el decreto 823/2021, firmado por Fernández, que obligaba a organismos estatales a contratar exclusivamente con esta aseguradora.
Según la acusación, entre 2019 y 2023 se habrían distribuido irregularmente fondos públicos mediante intermediarios privados. Fernández sostiene que desconocía las operaciones investigadas y que las medidas se tomaron antes de su intervención.
El juez Ercolini considera que las pruebas reunidas, incluido el decreto, son claves para avanzar en la causa. Sin embargo, la defensa del expresidente insiste en que el proceso tiene motivaciones políticas y carece de fundamentos sólidos.
Con más de 40 imputados, entre ellos el broker Héctor Martínez Sosa, amigo de Fernández, y su esposa, María Cantero, la investigación continúa avanzando mientras se esperan definiciones sobre recusaciones y planteos judiciales que podrían retrasar el caso.
