La presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, se sumó al debate en torno a la venta de terrenos en Puerto Norte, un anuncio del gobierno de Javier Milei que ha desatado intensas discusiones políticas en la ciudad. Schmuck consideró que la venta a privados representa “una oportunidad”, pero subrayó que “nadie va a poder construir lo que quiera ahí”, aclarando que las normativas y los proyectos urbanísticos estarán bajo control del municipio y del Concejo.
El proyecto del gobierno nacional de vender más de 80 mil metros cuadrados en Puerto Norte, considerados “innecesarios para la gestión”, fue bien recibido por Schmuck y por el intendente Pablo Javkin. Ambos consideran que los terrenos, hoy ocupados por chatarrerías y en abandono, podrían destinarse a proyectos habitacionales. Javkin señaló que esta operación permitiría “construir vivienda para la gente buena de la ciudad, que quiere y tiene que poder vivir en los lugares tan lindos que tiene la ciudad”.
Schmuck explicó que el Concejo ajustará cualquier plan de desarrollo que surja de la venta de los terrenos para que se alinee con la visión municipal, considerando que el proyecto urbanístico actual prioriza viviendas para la clase media e integración al entorno de Puerto Norte, “y que no sea sólo torres”. Además, aclaró que trabajará junto a los compradores para “fijarle las condiciones”, y reiteró que “va a ser lo que defina la Municipalidad y el Concejo Municipal”.
Sin embargo, la postura favorable de Schmuck contrasta con la de otros actores políticos. Mónica Fein, ex intendenta y actual diputada nacional, calificó la venta como “un negocio inmobiliario para los amigos”, y sostuvo que Milei estaría impulsando lo que ella describe como un modelo de negociados que antes existía bajo el ex ministro Julio de Vido. Por otro lado, Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, destacó la importancia de dar prioridad al interés público y advirtió que el recurso de tierras en Rosario es muy limitado.
Por su parte, Carlos Cardozo, concejal del PRO, destacó los desafíos judiciales y sociales de esta venta, especialmente en zonas de asentamientos populares como los terrenos de Caseros, Francia y Junín, donde “hay un conflicto judicial” que implica el desplazamiento de más de 68 familias censadas.
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