La presidenta del Concejo Municipal de Rosario, Mar铆a Eugenia Schmuck, se sum贸 al debate en torno a la venta de terrenos en Puerto Norte, un anuncio del gobierno de Javier Milei que ha desatado intensas discusiones pol铆ticas en la ciudad. Schmuck consider贸 que la venta a privados representa “una oportunidad”, pero subray贸 que “nadie va a poder construir lo que quiera ah铆”, aclarando que las normativas y los proyectos urban铆sticos estar谩n bajo control del municipio y del Concejo.
El proyecto del gobierno nacional de vender m谩s de 80 mil metros cuadrados en Puerto Norte, considerados “innecesarios para la gesti贸n”, fue bien recibido por Schmuck y por el intendente Pablo Javkin. Ambos consideran que los terrenos, hoy ocupados por chatarrer铆as y en abandono, podr铆an destinarse a proyectos habitacionales. Javkin se帽al贸 que esta operaci贸n permitir铆a “construir vivienda para la gente buena de la ciudad, que quiere y tiene que poder vivir en los lugares tan lindos que tiene la ciudad”.
Schmuck explic贸 que el Concejo ajustar谩 cualquier plan de desarrollo que surja de la venta de los terrenos para que se alinee con la visi贸n municipal, considerando que el proyecto urban铆stico actual prioriza viviendas para la clase media e integraci贸n al entorno de Puerto Norte, “y que no sea s贸lo torres”. Adem谩s, aclar贸 que trabajar谩 junto a los compradores para “fijarle las condiciones”, y reiter贸 que “va a ser lo que defina la Municipalidad y el Concejo Municipal”.
Sin embargo, la postura favorable de Schmuck contrasta con la de otros actores pol铆ticos. M贸nica Fein, ex intendenta y actual diputada nacional, calific贸 la venta como “un negocio inmobiliario para los amigos”, y sostuvo que Milei estar铆a impulsando lo que ella describe como un modelo de negociados que antes exist铆a bajo el ex ministro Julio de Vido. Por otro lado, Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, destac贸 la importancia de dar prioridad al inter茅s p煤blico y advirti贸 que el recurso de tierras en Rosario es muy limitado.
Por su parte, Carlos Cardozo, concejal del PRO, destac贸 los desaf铆os judiciales y sociales de esta venta, especialmente en zonas de asentamientos populares como los terrenos de Caseros, Francia y Jun铆n, donde “hay un conflicto judicial” que implica el desplazamiento de m谩s de 68 familias censadas.
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