Amalia Granata y un grupo de legisladores santafesinos sufrieron un primer revés en su batalla judicial contra la ley de emergencia previsional. La jueza a cargo del caso decidió no otorgar la medida cautelar que solicitaban, pero aún continúa el proceso para resolver la cuestión de fondo.
La controversia se originó en septiembre durante una sesión en la Cámara de Diputados de Santa Fe, donde se aprobó la ley que introduce cambios al régimen jubilatorio provincial. La votación, calificada por algunos como apresurada, se produjo en medio de tensiones y manifestaciones en las afueras de la Legislatura. El oficialismo impulsó la rápida aprobación, lo que provocó la reacción inmediata de legisladores opositores, entre ellos Granata.
El grupo de diputados, compuesto por Alicia Graciela Azanza, Emiliano José Peralta, Beatriz Ana Brouwer, Paredes Omar Julio, Silvia Adalgisa Malfesi, Edgardo Rubén Porfiri y Amalia Granata, presentó una acción judicial declarando la inconstitucionalidad de la ley aprobada. Sostienen que el procedimiento legislativo estuvo plagado de irregularidades, violando normas parlamentarias y que la votación fue "nula e inconstitucional". Por esta razón, solicitaron una medida cautelar para suspender la aplicación de la ley mientras se resuelve el caso.
La jueza María Ester Noé, encargada de la causa, rechazó el pedido de suspensión de la ley, argumentando que no se cumplieron los requisitos legales para otorgar una medida cautelar. En su fallo, la magistrada destacó que "las medidas cautelares revisten naturaleza asegurativa y tienen carácter instrumental y accesorio", lo que significa que no constituyen un fin en sí mismas. Asimismo, agregó que los legisladores no lograron demostrar el "peligro en la demora", uno de los requisitos esenciales para que se otorgue una medida de este tipo. Según Noé, la falta de pruebas concretas sobre un posible perjuicio irreversible si se aplica la ley llevó a la desestimación de la cautelar, con costas a los diputados.
A pesar de este revés, el proceso judicial continúa y la cuestión de fondo aún debe ser resuelta. Paralelamente, empleados públicos y el gremio Amsafe también han presentado demandas judiciales en contra de la nueva ley previsional.