El presidente Javier Milei ha decidido acelerar el proceso de privatización de las empresas estatales, según fuentes cercanas al gobierno. En una primera fase, se identificaron 59 compañías bajo análisis en la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Martín Chaher. Un equipo de 30 profesionales ya está evaluando cada empresa para definir su futuro.
El objetivo de este plan es reducir la intervención estatal y evitar que las empresas rentables caigan en déficits por influencia política. Según el entorno de Milei, el propósito es "cerrar una fuente de ingresos de los políticos corruptos".
Seis alternativas para las empresas
El futuro de estas empresas se define en seis posibles vías: privatización mediante Oferta Pública Inicial (IPO), concesión, transformación, cesión a las provincias, cierre o asociación con socios estratégicos. El gobierno planea llevar a cabo este proceso en tres fases: definición, preparación y ejecución, y se estima que podría completarse en 6 a 8 meses.
Empresas en la lista de privatización
Entre las empresas bajo estudio se destacan:
- Aerolíneas Argentinas
- Intercargo
- ARSAT
- AySA
- ENARSA
- Fabricaciones Militares
- Banco Nación
- Banco Hipotecario
Cada una será evaluada individualmente para definir su viabilidad económica y el interés de posibles inversores. Por ejemplo, AySA podría atraer un operador fuerte y abrir su capital en la Bolsa, mientras que ARSAT busca privatizar el 49% de su capital accionario para 2025.
Uno de los temas más sensibles es la privatización de Aerolíneas Argentinas. Aunque el gobierno considera inviable una privatización total a corto plazo, se evalúan áreas como los servicios de tierra o la flota, con la posibilidad de transferir parte de ella a la provincia de Córdoba para crear una aerolínea provincial.
Rentabilidad y eficiencia
El gobierno sostiene que la privatización es esencial para modernizar el Estado y aumentar la eficiencia. Aseguran que las empresas privatizadas tienen un gran potencial para generar ingresos si se gestionan de forma adecuada, evitando así el gasto estatal en subsidios y optimizando recursos mediante la venta de activos y la apertura a inversores estratégicos.
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