La oposición exige una sesión extraordinaria para revocar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

 Financiamiento Universitario: el oficialismo y la oposición arman sus estrategias para responder al veto de Milei. (Foto: Leandro Heredia/TN)

La reciente decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario ha provocado una fuerte reacción de la oposición. En respuesta, la Unión Cívica Radical (UCR), junto con el kirchnerismo, ha solicitado llevar el tema al recinto el próximo 9 de octubre. El Gobierno ha delegado en Martín Menem y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la tarea de contener cualquier intento opositor de revocar este veto.

El Ejecutivo justifica su postura argumentando que la ley, que había sido aprobada por amplias mayorías en ambas Cámaras, “pone en riesgo la política de déficit cero que instauró Milei”. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo para las arcas públicas sería de $738.595 millones, lo que representa aproximadamente el 0,14% del PBI.

Mientras tanto, la oposición ha manifestado su rechazo al veto en una sesión de Diputados, donde el salón de Pasos Perdidos se convirtió en el epicentro de críticas a las políticas de ajuste del presidente. Durante dos conferencias de prensa, varios legisladores han sumado sus voces en contra de la decisión gubernamental. Entre los opositores más destacados se encuentran Danya Tavela, Martín Lousteau, y Carla Carrizo, todos miembros de la UCR, así como representantes de Encuentro Federal, el socialismo y la Coalición Cívica.

En cuanto a la votación para confirmar o anular el veto, se requiere una mayoría de dos tercios, lo que significa que, de asistir los 257 diputados, se necesitarían 171 votos para revocarlo. El oficialismo, junto a los bloques del PRO y otros menores, está trabajando para evitar que la oposición alcance esta mayoría. En el contexto de la votación anterior sobre la ley de Movilidad Jubilatoria, donde se lograron 153 votos a favor y 87 en contra, se espera que los libertarios busquen alcanzar el apoyo de al menos 87 diputados para bloquear cualquier intento de anulación.

El rechazo al veto ha sido rápidamente organizado por la oposición, que se ha comprometido a presentar su postura el próximo miércoles. Sin embargo, los bloques que respaldan esta iniciativa suman apenas 104 diputados. En un mensaje en redes sociales, el diputado Rodrigo de Loredo, líder de la bancada radical, expresó su firme oposición al veto, enfatizando la importancia del financiamiento universitario para garantizar la educación.

El radicalismo ha manifestado su preocupación por la posible falta de apoyo de algunos de sus diputados en el tratamiento del veto. Se espera que las ausencias durante la votación sean un factor determinante, especialmente en el contexto de los recientes debates sobre jubilaciones y otras cuestiones económicas. La Juventud Radical también ha hecho eco del reclamo, argumentando que “ningún cálculo político puede justificar el olvido de esos dos millones de estudiantes universitarios”.

Por otro lado, el PRO también se encuentra en un proceso de análisis interno sobre cómo proceder ante esta situación. Algunos miembros han expresado su intención de insistir con la ley, mientras otros están buscando alternativas que puedan discutirse en el presupuesto. La bancada de Innovación Federal, por su parte, está considerando los reclamos de las universidades en sus respectivas provincias.

La ley sancionada por el Congreso, que fue vetada por Milei, contempla la recomposición salarial de los docentes y no docentes del sistema universitario a partir del 1 de diciembre de 2023, además de establecer un mecanismo de actualización salarial en función de la inflación. La Auditoría General de la Nación llevará a cabo auditorías sobre la aplicación de la norma y se ampliarán los montos y beneficiarios de las becas estudiantiles, tal como solicitó la oposición.