El pasado 22 de octubre de 2024, la Corte Suprema de Santa Fe invalidó el acuerdo de pago a los acreedores de Vicentin, una medida que podría abrir la puerta a un posible salvataje de la empresa. El fallo del máximo tribunal se produjo tras la admisión de un recurso de queja por inconstitucionalidad contra una resolución anterior de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista. Esta resolución permitía a la compañía, endeudada en más de 1.500 millones de dólares, llevar adelante una propuesta de pago a 12 años, que incluía la potencial liquidación de activos.
El abogado penalista Gustavo Feldman, quien ha estado involucrado en el caso, manifestó: “La Corte al hacer lugar a la queja ha frenado la ‘entrega’ de una de las pocas empresas con una actividad estratégica a manos indebidas”. Feldman describió la decisión de la Corte como una oportunidad para rescatar lo que queda de Vicentin de aquellos que, según él, intentan beneficiarse indebidamente de la situación.
El fallo, que se adoptó por mayoría, anula la resolución del tribunal de alzada de Reconquista que había autorizado a Vicentin a continuar con su propuesta de pago a los acreedores. La Corte establece que el caso regresa a sus manos, lo que implica que el tribunal evaluará el asunto nuevamente sin establecer plazos específicos para su resolución.
La decisión fue firmada por todos los miembros de la Corte, excepto la ministra María Angélica Gastaldi, quien disintió. La Corte respondió a una presentación de Commodities SA, parte del Grupo Grassi, que solicitaba la declaración de inconstitucionalidad del acuerdo de Vicentin. Este grupo argumentó que el fallo anterior exhibía “arbitrariedad normativa” y violaba “derechos y garantías constitucionales”.
La propuesta de pago originalmente consistía en que los acreedores privilegiados recibieran 30 mil dólares por igual, seguida de pagos durante 12 años que estarían sujetos a contingencias. Commodities y otros acreedores señalaron que esta estructura beneficiaría desproporcionadamente a un grupo, mientras que muchos otros tendrían que conformarse con una quita sustancial. En su recurso, Commodities alegó que junto a otros 424 acreedores recibirían menos del 40% de sus créditos, con algunas partes percibiendo apenas el 19,55% de lo adeudado, lo que representa una reducción de más del 80% de sus reclamos.
La alternativa presentada por Commodities propone un “cramdown”, que permitiría un salvataje de Vicentin mediante la integración de acreedores y otros interesados, incluyendo a trabajadores organizados en cooperativas, para facilitar una recomposición patrimonial y evitar una “quiebra indirecta” que llevaría a la liquidación de todos los activos de la empresa a precios irrisorios.
La resolución de la Corte fue también celebrada por el diputado provincial Carlos del Frade, quien integra la Comisión de Información y Seguimiento de las Causas Judiciales relacionadas con Vicentin. Del Frade destacó la importancia de la decisión al afirmar: “La medida es muy importante porque descarta el apuro que tenían distintos sectores políticos en consagrar la impunidad de los que fugaron 741 millones de dólares” y enfatizó la necesidad de continuar la lucha por la defensa de las fuentes laborales y la recuperación de los fondos perdidos.
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