El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a una reunión con el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional (COE), en Quito (EFE/José Jácome)
A 15 años del desmantelamiento de la Base Aérea Eloy Alfaro de Manta, la memoria del ataque de Angostura sigue viva, simbolizada por el famoso apretón de manos entre Rafael Correa, entonces presidente de Ecuador, y Álvaro Uribe, su par colombiano, durante la Cumbre de Río en 2008. Este gesto encapsuló la lucha del correísmo contra la intervención estadounidense en la región andina, un tema que resuena nuevamente en el contexto actual.
El combate al narcotráfico y la intervención militar estadounidense en la subregión andina se intensificaron tras la instalación de la Base de Manta, que fue crucial para la vigilancia y la lucha contra la criminalidad organizada en Colombia. Pero, ¿cuál fue el impacto de esta base en el bombardeo de Angostura y en el eventual desmantelamiento de las FARC?
En 1998, el gobierno de Jamil Mahuad acordó la instalación de la base, mientras que el presidente colombiano Andrés Pastrana firmó en 1999 el Plan Colombia, una iniciativa apoyada por el entonces presidente de EE.UU. Bill Clinton, que canalizó más de 10,000 millones de dólares en ayuda militar a la región entre 2001 y 2016. Esta suma fue la mayor asistencia militar de Estados Unidos después de la proporcionada a Israel.
La llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1999 alteró el panorama, ya que el líder bolivariano denunció lo que consideraba “una intervención imperialista” de Estados Unidos en América del Sur. Las tensiones entre Colombia y Venezuela aumentaron tras el ascenso de Uribe en 2002, un aliado incondicional de Washington.
Después del derrocamiento de Mahuad, Lucio Gutiérrez asumió el poder en 2003, pero ni él ni su sucesor, el vicepresidente Alfredo Palacio, cuestionaron la existencia de la Base de Manta. Gutiérrez incluso se proclamó “el mejor amigo de Estados Unidos” en una visita a George Bush, aunque posteriormente acusó a Chávez de orquestar el golpe en su contra.
Rafael Correa, quien emergió como una figura clave del antiimperialismo en un foro en La Habana en 2005, se comprometió a no renovar el acuerdo de concesión con Estados Unidos para la base, la cual se utilizaba principalmente para combatir el narcotráfico y la migración ilegal, además de vigilar a las FARC, un grupo guerrillero con una larga historia de violencia en Colombia.
El auge de las FARC, impulsado por el tráfico de cocaína, llevó a la implementación del Plan Colombia y a la creación de la Base de Manta. Sin embargo, en 2008, Ecuador adoptó una nueva Constitución que prohibía la presencia de bases militares extranjeras. La situación se tornó crítica el 1 de marzo de ese año, cuando el ejército colombiano ejecutó la Operación Fénix, bombardeando un campamento de las FARC en Ecuador, lo que resultó en la muerte de Raúl Reyes y varios otros. La operación provocó una crisis diplomática y tensiones entre ambos países.
Correa condenó la violación de la soberanía ecuatoriana, mientras Uribe insinuó complicidades entre el gobierno ecuatoriano y las FARC. A pesar de esto, Correa siempre se negó a calificar a las FARC como terroristas, manteniendo que eran rebeldes.
Los acontecimientos sugieren que la Base de Manta fue fundamental para las operaciones de inteligencia y apoyo logístico que facilitaron la incursión militar colombiana. Según el coronel Bud Leonard, quien estuvo al mando de las Fuerzas Operativas Avanzadas en Manta, un avión de reconocimiento despegó de la base justo antes del ataque, lo que refuerza la hipótesis de un vínculo directo con las operaciones militares colombianas.
Ahora, a 15 años de su cierre, el presidente Daniel Noboa ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de permitir la presencia de fuerzas estadounidenses en Ecuador. En una reciente propuesta, Noboa sugiere reformar la Constitución para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en el país, argumentando que la prohibición inicial fue el “primer pacto con el crimen transnacional”. Para el presidente, la cooperación internacional es esencial para combatir el creciente problema del crimen organizado.
Con miras a su campaña de reelección, Noboa planea llevar esta propuesta a un referendo, enfrentándose a una oposición significativa en la Asamblea Nacional y entre sectores que defienden la actual prohibición, que se basa en argumentos soberanistas. Esto ha creado un ambiente de polarización en el debate político, resucitando el discurso anticorreísta y marcando un posible cambio en la estrategia de seguridad de Ecuador.