El debate sobre el futuro de las universidades públicas en Argentina se intensifica, y las afirmaciones del gobierno nacional parecen distorsionar la realidad. A pesar de las declaraciones del presidente, quien sostiene que "la universidad pública nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta", los datos demuestran lo contrario. Según las estadísticas, el 65% del alumnado en universidades públicas proviene de familias con ingresos bajos, y un 68% son la primera generación de su familia en acceder a la educación superior.
A lo largo de los últimos meses, el gobierno ha esgrimido diversos argumentos para justificar su postura sobre las universidades, comenzando con la falta de recursos económicos, luego sugiriendo la necesidad de auditorías y cuestionando la presencia de alumnos extranjeros. Javier Milei, en una reciente declaración, insistió en que las universidades solo benefician a los hijos de familias adineradas. Sin embargo, los datos revelan que la mayoría de los estudiantes provienen de contextos socioeconómicos desfavorecidos.
El presidente ha mencionado la necesidad de auditorías, acusando a las universidades de no querer ser sometidas a revisiones. No obstante, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aclara que las instituciones ya son auditadas, aunque reconoce que la Auditoría General de la Nación (AGN) está actualmente debilitada y desfinanciada por la misma administración que exige dichas auditorías.
Es contradictorio que el gobierno argumente que las universidades no producen egresados mientras simultáneamente las acusa de estar plagadas de "ricos". Si el objetivo real fuera facilitar el acceso de los sectores más vulnerables, la solución debería implicar un aumento en la inversión educativa. En cambio, el presupuesto 2025 prevé un recorte en la inversión en educación.
El Debate del Arancelamiento
En este contexto, algunos funcionarios del gobierno han comenzado a promover la posibilidad de implementar aranceles en las universidades públicas, contradiciendo las promesas de campaña. Antonio Aracre, un empresario cercano a la administración, sostiene que "el gasto público universitario es muy poco eficiente" y sugiere que los estudiantes que pueden pagar deberían hacerlo, mientras que los más desfavorecidos deberían recibir más becas.
Datos alarmantes revelan que solo se ha ejecutado el 10% del presupuesto para infraestructura educativa y que programas esenciales para las poblaciones más necesitadas no tienen fondos asignados para el próximo año.
Acceso a la Educación Superior
Un aspecto revelador es que, según la Encuesta Permanente de Hogares, dos de cada tres estudiantes de universidades públicas pertenecen a los deciles 1-6, lo que significa que provienen de familias con necesidades insatisfechas. Además, el 48% de estos estudiantes vive por debajo de la línea de pobreza. Investigadores como Rodrigo Quiroga subrayan que "sin universidades públicas, las posibilidades de que los pobres asistan a la universidad serían aún menores".
En contraste, el 68% de los nuevos ingresantes a la universidad pública son la primera generación de su familia en acceder a estudios superiores, lo que marca un avance significativo en la movilidad social. Schteingart destaca que esta realidad se ha transformado en un camino hacia la superación, y que, sin las universidades públicas, muchas de estas oportunidades se verían comprometidas.
La Percepción Pública y el Futuro de la Educación
Encuestas recientes revelan que el 80,7% de la población considera que la universidad pública contribuye a la movilidad social, y el 76% rechaza la afirmación de que "los pobres no llegan a la universidad pública". Estas cifras sugieren que, a pesar de la narrativa oficial, la percepción pública sobre el acceso a la educación superior es más positiva de lo que se reconoce.
Finalmente, el debate sobre la financiación de las universidades no es meramente económico, sino que refleja una decisión ideológica. La historia educativa de Argentina, que se ha construido sobre la base de la inclusión, se encuentra ahora en una encrucijada que podría definir el futuro del acceso a la educación superior en el país.