El Presupuesto 2025 introduce un nuevo desafío para los usuarios de luz y gas en Argentina: cubrir el 85% del costo de producción de la energía. Este cambio implica un ajuste importante en los subsidios energéticos, que hasta ahora cubrían cerca del 40% de los costos. Según el gobierno, la medida es necesaria para reducir la carga fiscal y garantizar la sostenibilidad del sistema energético.
Nueva política de subsidios: segmentación y reducción
La segmentación de los usuarios según su nivel de ingresos será un pilar clave en la implementación de esta política. Los sectores de ingresos altos (Nivel 1) deberán cubrir el 100% del costo energético, mientras que los usuarios de ingresos medios (Nivel 3) continuarán recibiendo subsidios, aunque en menor medida. Por su parte, los sectores de menores ingresos (Nivel 2), que históricamente recibieron más apoyo, también verán reducida la cobertura subsidiada.
El ajuste en los subsidios representa una disminución del 47%, lo que se traduce en una reducción de más de 3.600 millones de dólares en los gastos del Estado. Sin embargo, este ahorro implica que los usuarios deberán asumir una mayor parte del costo de sus facturas.
Impacto en los sectores más vulnerables
El impacto será mayor en los sectores de ingresos medios y bajos, quienes ya enfrentan dificultades económicas en un contexto de alta inflación y recesión. “El aumento en las tarifas energéticas llega en un momento crítico para muchos hogares”, con políticas previas que ampliaron los subsidios pero establecieron topes de consumo más estrictos.
El Decreto 465/2024, firmado por el presidente Milei, establece un período de seis meses para la implementación de la nueva Canasta Básica Energética (CBE), que busca garantizar un consumo mínimo subsidiado. No obstante, su implementación ha sido compleja debido a la falta de información precisa sobre los beneficiarios.
Un equilibrio difícil
Si bien el gobierno defiende la medida como necesaria para evitar una crisis fiscal, expertos señalan que el éxito dependerá de la eficiencia del sistema energético y su capacidad para reducir costos. “Lograr que las tarifas cubran el 85% del costo será un desafío”, especialmente si se mantienen las importaciones de gas.
A medida que se acerca el verano, existe preocupación por posibles aumentos adicionales en las tarifas, lo que afectaría a los hogares más vulnerables. Este ajuste tarifario presenta un panorama incierto, con el riesgo de incrementar el malestar social en un país donde la inflación y el desempleo han elevado los niveles de pobreza.
Sustentabilidad versus impacto social
El gobierno enfrenta la tarea de equilibrar la necesidad de reducir los subsidios y avanzar hacia una mayor sustentabilidad fiscal, sin desatender a los sectores más vulnerables. Este delicado balance será clave para evitar un incremento en las tensiones sociales mientras el país atraviesa uno de sus períodos económicos más desafiantes.
