El 2 de octubre de 2024, mediante el Decreto 873/2024, el gobierno declaró oficialmente a Aerolíneas Argentinas como una empresa estatal sujeta a privatización. El decreto, publicado en el Boletín Oficial, justifica que "luego de 16 años de la estatización de la compañía, los objetivos propuestos no fueron concretados", lo que ha motivado la decisión de transferir la aerolínea al sector privado.
Manuel Adorni, vocero presidencial, ya había anticipado la medida la semana pasada, detallando que “el Presidente de la Nación va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, tal como lo habilita el artículo noveno de la Ley 23696, llamada Ley de Reforma del Estado”.
El gobierno sostiene que la privatización se alinea con sus políticas de apertura económica, destacando que "la conectividad aérea resulta un pilar fundamental para el desarrollo económico de la Nación". Asimismo, el decreto aclara que Aerolíneas operará "bajo criterios de eficiencia comercial" y en un entorno de competencia equitativa, pero sin comprometer la "soberanía nacional".
El Ejecutivo remarcó que la privatización permitirá mejorar el servicio, proteger las finanzas públicas y "que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente". La administración de Javier Milei ha tomado esta determinación en un contexto de conflicto con los empleados de la aerolínea, quienes han realizado paros y manifestaciones en las últimas semanas.
En el decreto, el gobierno señaló que, a pesar de la "grave situación económica" de Aerolíneas, los empleados de la compañía disfrutan de "importantes beneficios que contribuyen a empeorar la situación". Entre los beneficios mencionados se encuentran pasajes gratis en clase ejecutiva para pilotos y sus familias, pasajes sin costo para familiares o acompañantes en días festivos, suplementos salariales en dólares para pilotos, y descuentos significativos para personal jubilado.
Este decreto se suma al intento de privatización impulsado previamente por el diputado Hernán Lombardi, que no obtuvo el respaldo necesario para avanzar en el Congreso. Sin embargo, fuentes cercanas al Ejecutivo indican que legisladores del PRO, el MID y LLA acordaron avanzar con un dictamen de comisión la próxima semana. Desde el entorno presidencial advierten que, si el Congreso no aprueba la privatización antes de fin de año, "se entregará la empresa a los empleados de Aerolíneas o desaparecerá".
Mientras tanto, persiste la tensión con los gremios, ya que la empresa aún no ha nombrado un nuevo Gerente de Operaciones, lo que podría comprometer su funcionamiento si no se designa a alguien antes del 16 de octubre. Ese mismo día, la Asamblea de Accionistas deberá decidir sobre la expulsión del sindicalista Pablo Biró del Directorio de la compañía.
