La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la propuesta de sus defensores para que, en lugar de ir a juicio, realicen tareas comunitarias y paguen multas. Esta resolución afecta a los operadores del Grupo Carey y de la Mutual 29 de Noviembre, Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigalupo, junto con otros cinco procesados.
El juez de Casación, Guillermo Yacobucci, fue quien ratificó la decisión del Tribunal Federal de Santa Fe de rechazar la probation solicitada por los imputados. Entre los acusados también se encuentran Carina Chelmo, Flavio Giulioni, Eugenio Alonso, Leandro Forchetti, y Ariel Trucco, todos implicados en operaciones financieras ilegales dentro de la agencia de turismo que gestionaba Hugo Oldani.
El crimen que destapó la cueva
Hugo Oldani fue asesinado el 11 de febrero de 2020, cuando asaltantes irrumpieron en su agencia de turismo, ubicada en una galería céntrica de Santa Fe, y le exigieron entregar todo el dinero en efectivo. Después del crimen, familiares y allegados de Oldani retiraron bolsos con dinero frente a la fiscal Cristina Ferraro, acción que quedó registrada en cámaras de seguridad. Se estima que el monto retirado ascendía a cientos de miles de dólares y millones de pesos, provenientes de la cueva financiera que operaba en la agencia.
La investigación de los negocios ocultos
El fiscal federal Walter Rodríguez fue el encargado de investigar las actividades ilícitas de Oldani Turismo, que incluían operaciones financieras no autorizadas desde 2018 hasta 2020. Entre las maniobras descubiertas, se encontraban préstamos con altas tasas de interés, descuento de cheques, y transferencias internacionales de divisas a cambio de comisiones.
Virginia Oldani y María José Calle, hija y empleada de Hugo Oldani respectivamente, fueron procesadas por su rol en estas operaciones, gestionando transacciones y manejando la cartera de clientes. También se involucró a Carina Chelmo, presidenta de Mediterránea Sociedad de Valores, quien participaba en transacciones para ingresar o transferir divisas fuera del control de la agencia.
Los otros imputados
Leandro Forchetti, proveedor de cheques a Oldani, fue acusado de actuar como intermediario entre la cueva y un grupo inversor de Rosario. Carlos Ciochetto y Carlos Bacigalupo, en su rol de operadores del Grupo Carey y la Mutual 29 de Noviembre, también fueron imputados por participar en estas operaciones. Flavio Giulioni, por su parte, era responsable de operar con cheques en Buenos Aires y Paraná, recibiendo comisiones por su trabajo. Ariel Trucco y Eugenio Alonso fueron señalados como nexos en los movimientos de dinero, facilitando la entrada y salida de divisas del país.
El encubrimiento de la fiscal provincial
La causa derivó en una investigación paralela por encubrimiento, centrada en la fiscal Cristina Ferraro, quien permitió que la familia de Oldani retirara grandes sumas de dinero antes de que fueran contabilizadas por la Policía de Investigaciones. También fueron procesados José Luis Hernández, yerno de la víctima, y otros funcionarios policiales por su papel en la desaparición de pruebas.
El delito de intermediación financiera no autorizada, que se les imputa a los acusados, conlleva penas de uno a cuatro años de prisión, multas de hasta ocho veces el valor de las operaciones realizadas, e inhabilitación especial hasta seis años. Ahora, todos ellos deberán enfrentar el juicio oral, cuyo inicio aún no tiene fecha definida.
