La Justicia argentina ordenó formalmente la detención de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. (Foto: AP)
La Justicia argentina ha emitido un pedido formal de detención internacional y extradición de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, acusados de coordinar un plan sistemático de represión en Venezuela, que incluye graves violaciones a los derechos humanos. La orden, dictada por el juez federal Sebastián Ramos, se enmarca en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población civil venezolana. El principio de jurisdicción universal permite que estas acusaciones puedan ser juzgadas en Argentina, independientemente del lugar en el que fueron perpetrados los delitos o la nacionalidad de los acusados y las víctimas.
El juez Ramos solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que emita una alerta roja, lo cual permitiría que un tercer país ejecute el arresto y extradición de los imputados. La resolución del magistrado se da tras la instrucción emitida esta semana por la Sala I de la Cámara Federal porteña, que instó a proceder con las capturas internacionales. En adición, Ramos solicitó información sobre otras 14 personas vinculadas al gobierno venezolano para que también sean objeto de órdenes de detención.
La acusación contra Maduro y Cabello está sustentada en el fallo de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, quienes aseguraron que el régimen venezolano implementó "un plan sistemático, a lo largo del tiempo y de manera organizada" en contra de la población civil, utilizando tácticas de "persecución, secuestro, tortura y asesinato". Este esquema represivo se habría desplegado desde 2014 hasta la actualidad.
La Justicia argentina entiende que Diosdado Cabello, número dos del partido del chavismo, estuvo detrás de los planes de represión. (Foto: REUTERS/Gaby Oraa)
El caso fue abierto tras la denuncia presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) en enero del año pasado, bajo el principio de jurisdicción universal que permite juzgar delitos de lesa humanidad cometidos en cualquier parte del mundo. Actualmente, la querella busca ampliar la denuncia mediante nuevos testimonios que podrían elevar el perfil internacional del caso.
Sin embargo, aunque la orden tiene un peso simbólico y político considerable, la posibilidad de que Interpol emita una alerta roja contra Maduro, quien es presidente en ejercicio, es compleja. Esta situación podría motivar a Maduro a fortalecer sus alianzas con países como Rusia o Irán, donde es poco probable que se ejecute una orden de captura en su contra.
La Corte Penal Internacional (CPI) también lleva adelante una investigación similar contra Maduro y otros altos funcionarios del régimen chavista, lo que refuerza la presión internacional sobre el gobierno venezolano.
