El Partido Socialista adelantó su postura de cara a la sesión clave de este jueves en la Cámara de Diputados. Los legisladores santafesinos Esteban Paulón y Pablo Farías confirmaron que no facilitarán el quórum y rechazarán la ley de modernización laboral promovida por la gestión de Javier Milei, profundizando las diferencias dentro del bloque Provincias Unidas.
Una postura crítica frente al modelo de modernización
A través de sus redes sociales, el diputado Esteban Paulón fue tajante al explicar los motivos de la decisión. El legislador sostuvo que el proyecto oficialista no resuelve los problemas estructurales del empleo en Argentina y que, por el contrario, representa un retroceso en materia de derechos.
“El proyecto que impulsa Javier Milei empeora las condiciones de trabajo de millones de personas y cristaliza las asimetrías y desigualdades actuales”, sentenció Paulón. Para el socialismo, el camino elegido por el Poder Ejecutivo se aleja de las tendencias internacionales y no aborda los desafíos reales del mercado de trabajo.
Tensión y libertad de acción en el bloque Provincias Unidas
La decisión de los socialistas impacta directamente en el bloque Provincias Unidas, un espacio de 18 legisladores que responde a gobernadores de peso como Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora e Ignacio Torres. Si bien la bancada decidió no dar quórum de forma unificada, el voto en el recinto será dispar.
Desde el entorno de la presidencia del bloque, a cargo de Gisela Scaglia, cuestionaron la celeridad con la que La Libertad Avanza pretende aprobar la norma. "En Provincias Unidas hay libertad de voto y habrá de todo en esta votación", confiaron fuentes parlamentarias, dejando en claro que el oficialismo deberá negociar voto a voto si logra abrir la sesión.
Los puntos de conflicto: estatutos y asistencia laboral
Más allá de la filosofía general de la ley, existen artículos específicos que generan fuerte resistencia en el arco opositor dialoguista. Entre ellos se destacan la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la polémica derogación de estatutos profesionales de larga data.
Uno de los puntos que mayor malestar causó es la intención de eliminar regímenes especiales, como el estatuto de los periodistas. Este escenario obliga al Gobierno a alcanzar el piso de 129 diputados sin el auxilio inicial de este bloque clave, lo que pone en duda la aprobación de los capítulos más sensibles de la reforma.
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