La Cámara de Diputados ha convocado oficialmente a una sesión especial, solicitada por bloques opositores, para debatir el veto presidencial a la ley jubilatoria. El encuentro se celebrará el miércoles a las 11:00 horas. Los legisladores deberán obtener una mayoría de dos tercios para insistir con la ley, que otorga un "8% de aumento para compensar la inflación de enero" y establece nuevos parámetros para actualizar los haberes de jubilados y pensionados.
El pedido de sesión fue impulsado por el diputado radical Fernando Carbajal, acompañado por legisladores de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. El secretario parlamentario, Adrián Pagan, confirmó la convocatoria, que marca un momento crucial en el debate legislativo.
Carrera contra reloj
El oficialismo, en una carrera contra reloj, busca asegurarse los votos suficientes para sostener el veto. Aseguran contar con "36 legisladores propios" y el apoyo de 36 diputados del PRO, aunque persisten dudas sobre la postura de algunos. El PRO, que inicialmente tuvo siete ausencias en la votación anterior, ha confirmado la presencia de figuras como Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal para esta sesión, buscando alcanzar los 83 votos necesarios para bloquear el avance opositor.
Por su parte, la oposición sigue en conversaciones con legisladores clave de otros bloques, incluidos miembros de Encuentro Federal y radicales que responden a gobernadores como Gustavo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Se espera que el bloque radical, compuesto por "33 legisladores", vote en contra del veto, aunque no se descarta una estrategia de insistencia parcial que excluya los artículos más polémicos de la ley.
El eje del conflicto
El proyecto vetado contempla un aumento adicional del "8,1% para compensar la inflación de enero", ya que el Gobierno había otorgado un 12,5%, mientras que la inflación real fue del 20,6%. Esta diferencia es el punto central de desacuerdo entre el Ejecutivo y la oposición. Además, la ley prevé un aumento adicional en marzo de cada año basado en el "50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE)", y un ajuste automático si la inflación del año anterior supera los salarios.
Otro punto clave del proyecto es la cancelación de deudas con las cajas previsionales provinciales, que se realizaría con fondos de impuestos asignados a la ANSeS. También incluye el pago de sentencias firmes en un plazo de seis meses, con posibilidad de prórroga por otros seis meses.
Argumentos del Gobierno
El Gobierno justificó su veto señalando que, de aplicarse la ley, generaría un gasto adicional de 6 billones de pesos en 2024 y 15 billones para 2025, lo que equivaldría a un aumento del "1,02% del PBI en 2024 y 1,64% en 2025". Además, alertó que el impacto en el gasto de la ANSeS sería de un 18,5% adicional en 2024 y 29,2% en 2025, lo que pondría en riesgo su política de déficit cero.
En este contexto, la sesión del miércoles será crucial para definir el futuro de la ley jubilatoria, en un escenario de tensión entre el oficialismo y la oposición, ambos luchando por asegurar los votos necesarios para sostener o revertir el veto presidencial.
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