El Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ha revelado en un reciente informe que el ajuste presupuestario en la educación universitaria pública es comparable a los beneficios impositivos concedidos a los sectores más ricos de la sociedad argentina.
Según el estudio, el esfuerzo fiscal previsto para actualizar los recursos del sistema universitario representa el mismo 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI) que el Gobierno destina para el blanqueo y otros beneficios fiscales de los sectores más ricos. Este porcentaje, aunque significativo, resulta inferior al 0,22% del PBI asignado al régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego, lo que plantea serias dudas sobre las prioridades del gasto público.
La Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) analizó el impacto fiscal del proyecto de ley destinado a recomponer el financiamiento de las universidades nacionales, el cual ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. El informe del Centro RA destaca que los fondos requeridos para la actualización del funcionamiento de las universidades, los hospitales universitarios, los fondos para ciencia y técnica, y la recomposición salarial de docentes y no docentes, equivalen al 0,14% del PBI.
El informe también subraya que, paralelamente, "la reciente reforma fiscal, por ejemplo, incluyó una fuerte reducción tanto presente como futura de los impuestos al patrimonio que recaen en aquellos sectores con mayor riqueza en la sociedad". Modificaciones en el mínimo no imponible y en las alícuotas del impuesto a los bienes personales resultaron en una caída en la recaudación pública estimada en un 0,14% del PBI, un valor similar al necesario para financiar la actualización de recursos del sistema universitario.
Con respecto al impuesto sobre los bienes personales, el Gobierno incrementó el mínimo no imponible a $100 millones y redujo las alícuotas aplicables a quienes tributan este impuesto. Como resultado, se estima una disminución en la recaudación por bienes personales de aproximadamente un 25%, reduciendo su aporte del 0,52% del PBI al 0,38%.
La proyección del impacto de estas modificaciones, según el informe, es preocupante. En el primer año de implementación del nuevo esquema fiscal, se espera que la pérdida en la recaudación aumente con el tiempo, afectando cada vez más las finanzas públicas. La estimación de la recaudación para 2024, ajustada por la inflación de 2023, sugiere que la reforma fiscal traerá consigo una erosión continua en los ingresos por bienes personales.
