El Senado de la Nación dio un paso importante en la lucha contra la sustracción y comercialización de menores, logrando hoy un dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para un proyecto de ley que establece nuevas penalidades. La propuesta había sido previamente aprobada por unanimidad en el recinto, pero tuvo que volver a la comisión para ajustar detalles en su articulado. Se espera que el proyecto sea discutido en el pleno del Senado en aproximadamente dos semanas.
Este avance legislativo ocurre en un contexto de gran preocupación social, marcado por la reciente desaparición del niño correntino Loan Danilo Peña. El proyecto modifica el artículo 139 bis del Código Penal, aumentando las penas de 5 a 15 años para "quien reciba y a quien entregue ilegítimamente a una persona menor de edad mediando, o no, precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado".
Además, se establece que "será reprimido con la misma pena, si no resultare un delito más severamente penado, quien entregue y/o reciba a una persona menor de edad con fines adoptivos sin haber cumplido con la ley vigente cuando haya mediado o no; precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación".
El proyecto también introduce un nuevo artículo 139 en el Código Penal, que contempla la misma pena de prisión de 5 a 15 años para quien "facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos previstos" en este capítulo. Se agrega una agravante para aquellos que sean funcionarios públicos o profesionales y cometan el delito en el ejercicio de su actividad. En estos casos, "la pena se fijará dentro del tercio superior de la escala penal y, en todas las conductas de este capítulo, se le aplicará la accesoria de inhabilitación especial perpetua, si no resultare un delito más severamente penado".
Asimismo, se modificó el artículo 41 del Código Penal, permitiendo que las escalas penales mencionadas "puedan reducirse a las de la tentativa respecto de los partícipes o autores" de ciertos delitos.
El consenso para esta nueva redacción se alcanzó luego de una serie de consultas con expertos, incluyendo al presidente de la Cámara Federal Penal, Mariano Borinsky, y a la Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham. También participaron en las discusiones el juez Ignacio Mahiques, de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, quienes aportaron sus perspectivas para afinar la propuesta presentada por la senadora radical Carolina Losada.
