La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), suscrita por Argentina en 2007 y ratificada en 2008, marcó un cambio paradigmático en la manera de concebir la discapacidad en el país. Este tratado internacional obligó a que todas las leyes y políticas públicas a nivel nacional, provincial y municipal se alinearan con una visión que entiende la discapacidad no como una condición médica que debe ser tratada o curada, sino como el resultado de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras sociales que impiden su plena participación en la sociedad. "Garantizar que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, obtura nociones anacrónicas meramente salutistas", resalta la CDPD, señalando que el verdadero obstáculo está en la actitud y el entorno social.
A pesar de estos avances, el reciente decreto 585/2024 del Poder Ejecutivo Nacional, que traspasa la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) al Ministerio de Salud, ha despertado una fuerte preocupación en diferentes colectivos y agrupaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad. Esta medida es vista como un retroceso significativo, ya que revive la concepción tradicional de la discapacidad como una condición médica, centrando su abordaje en la salud y la rehabilitación.
Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente Discapacidad, expresa la necesidad de revertir esta decisión: "El tema de la discapacidad no es un tema de salud solamente, es un tema transversal, toca a todos los ámbitos de la vida de las personas. No se lo puede reducir ni a la rehabilitación". Molero subraya que la discapacidad involucra aspectos como la accesibilidad, la educación, el empleo y las condiciones de habitabilidad, y que "ubicar la Agencia bajo salud, envía un mensaje a la sociedad que es que la discapacidad está relacionada con la enfermedad".
Desde la 2da Circunscripción del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Santa Fe, también se manifestó un firme rechazo a esta medida: "Rechazamos el pase de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) al Ministerio de Salud, siendo esto un enorme retroceso en los derechos conquistados por las propias personas con discapacidad". La entidad destaca que la discapacidad no es una enfermedad y que este cambio puede generar un impacto negativo en la salud mental de las personas con discapacidad al perpetuar la violación de sus derechos constitucionales.
Daiana Travesani, activista y autora de "ME PROCLAMO DISCA, ME CORONO RENGA", enfatiza que esta medida "le quita su carácter autónomo y transversal" a la ANDIS, representando un retroceso en materia de derechos que contradice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Travesani alerta sobre las implicaciones de esta decisión: "Socialmente este cambio da un mensaje erróneo, da un mensaje de que la vida de una persona disca tiene sentido siempre y cuando sea curada, mejorada, corregida".
La ANDis, creada en 2017 como un ente autárquico con rango de Secretaría de Estado, ahora enfrenta una visión que muchos consideran obsoleta y alejada de los compromisos internacionales asumidos por Argentina. "Esta decisión plantea un reduccionismo simbólico-ideológico con características anacrónicas que, sin dudas... se materializan en un retroceso en derechos conquistados", concluyen los referentes consultados.
Romina Sarti es licenciada en Ciencia Política (UNR), militante por la diversidad corporal, anticapacitista, docente universitaria en UGR, y trabajadora en la Secretaría de DDHH de la UNR. IG: romina.sarti
