La Cámara Federal, integrada por los jueces Mariano Llorenz, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, ha ordenado desarchivar una causa que investigaba la supuesta existencia de una red de trata de personas liderada por el empresario y escritor Alejandro Roemmers y el dirigente de River Plate, Matías Barreiro. La decisión, que revoca la sentencia previa del juez Ariel Lijo, reaviva las acusaciones tras haber sido desestimadas inicialmente por falta de pruebas.
La denuncia, presentada por Roberto Mazzoni, no logró en su momento sustentar la existencia de una red de trata, según las conclusiones del juez Lijo, quien señaló que los intercambios documentados se trataban de acuerdos entre adultos sin indicios de trata de personas ni menores de edad involucrados. Sin embargo, la Cámara Federal consideró prematuro el cierre de la causa, señalando que los hechos denunciados no pueden ser desestimados sin la realización de nuevas medidas probatorias.
El caso ha generado un gran impacto en el ámbito judicial y político, especialmente en Comodoro Py, donde las recientes declaraciones de Mazzoni en el Senado, junto con el tratamiento del pliego de Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema, han intensificado la controversia. Testimonios recientes de dos jóvenes ante la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata, quienes manifestaron temer por sus vidas debido a su involucramiento con personas poderosas, han añadido un nuevo giro a la investigación.
Roemmers, por su parte, ha reiterado que es víctima de una “fake news”. En un comunicado difundido por sus abogados, se defiende alegando que la denuncia es infundada y carece de pruebas, enfatizando que no existe ninguna persona que haya presentado quejas sobre su conducta. Además, cuestiona la credibilidad del denunciante Mazzoni, señalando que este habría intentado extorsionarlo a cambio de dinero.
La reactivación de esta causa representa un desafío para los implicados, quienes ahora enfrentan nuevamente la presión pública y judicial mientras se busca aclarar las graves acusaciones en su contra. La situación se vuelve aún más compleja en el contexto de la nominación de Ariel Lijo para la Corte Suprema, lo que subraya la necesidad de una resolución definitiva que determine la inocencia o culpabilidad de los acusados.
