La controversia en torno al concurso de jueces de ejecución penal, que involucra los pliegos de Horacio Pueyrredón, Mario Guedes y Valeria Haurigot, está a punto de alcanzar un nuevo punto álgido. Este jueves, la Legislatura decidirá si ratifica o rechaza la terna enviada por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien desestimó el orden de mérito establecido por el Consejo de la Magistratura. Los candidatos seleccionados por Pullaro ocuparon los últimos lugares en el top ten propuesto por el órgano asesor; uno de ellos incluso se ubicó en la duodécima posición, y dos, que actualmente ejercen como fiscales, no aprobaron el examen, aunque impugnaron la decisión, lo que les permitió continuar en el proceso de selección.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, justificó esta decisión, explicando que los aspirantes no aprobaron el examen debido a cuestiones relacionadas con la formalidad de una sentencia de cámara. Sin embargo, señaló que en los casos de ejecución penal, donde las resoluciones son predominantemente verbales, este criterio les pareció cuestionable.
"Más allá de esto, el jurado entendió que los tres postulantes superaron el umbral de conocimiento y de idoneidad técnica para el cargo al que aspiraban," afirmó Cococcioni. "Luego, queda en manos del Poder Ejecutivo designar a las personas que considere más idóneas, sabiendo que, en definitiva, es responsabilidad del Ejecutivo."
En declaraciones a Radio Dos, el funcionario subrayó que "el orden de mérito es una sugerencia del jurado, y por Constitución, la designación de magistrados recae en el gobernador de la provincia, con el acuerdo de la Asamblea Legislativa. Entonces, es una decisión política y, después, si dictan malos fallos, nos haremos cargo de que designamos a las personas incorrectas. Pero eso de delegar la designación de magistrados, exclusivamente, al estamento técnico es algo que, por principios, no compartimos."
Cococcioni concluyó destacando que "... en este caso, estamos hablando de un tribunal que tiene una función de regulación del sistema de seguridad y penitenciario," y añadió que, en el caso de la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y supervisión carcelaria, "...confiamos en que se han elegido personas que sabrán ser jueces, controlar el cumplimiento de la ley y la Constitución, sin erigirse en cogobernantes."
