Del Frade judicializa el pedido de explicaciones sobre la baja en la tasa de homicidios

Este lunes, el diputado provincial Carlos Del Frade presentó una denuncia de carácter "político" en el Centro Territorial de Denuncias N° 7, ubicado en Corrientes al 2100. El legislador había enviado previamente una carta al gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, y al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, expresando inquietudes sobre la reciente disminución de homicidios en Rosario. En su mensaje, solicitó "profundizar en explicaciones" sobre la autenticidad de estos "aparentes resultados", basándose en rumores que recogió en distintos barrios, los cuales hablaban de la presencia de "reguladores" que mediarían entre las bandas criminales y la policía.

Del Frade explicó en una entrevista con LT 8 que decidió formalizar la denuncia luego de recibir un mensaje de WhatsApp por parte del ministro Cococcioni el pasado viernes, instándolo a hacer dicha presentación. "Ya habíamos presentado un escrito a él (por Cococcioni) y al gobernador (Maximiliano Pullaro) en la Junta Provincial de Seguridad", comentó Del Frade. "En realidad, es una denuncia política, una advertencia de que las cosas se deben hacer con mayor transparencia para asegurar una seguridad duradera y no un paréntesis en la reducción de homicidios", enfatizó.

Además, el legislador solicitó explicaciones sobre el encuentro entre el gobernador Pullaro y el embajador estadounidense Marc Stanley, que tuvo lugar el 31 de julio, y la presencia de agentes norteamericanos en la provincia. En la carta dirigida a Pullaro, Del Frade, quien pertenece al Frente Amplio por la Soberanía, insinuó que la falta de un control adecuado a nivel local podría derivar en "la proliferación de negocios ilegales bajo el amparo de acuerdos internacionales", citando como ejemplo la hidrovía Paraná.

Si bien Del Frade valoró la reducción del 60% en la tasa de homicidios en el Gran Rosario, pidió al Ejecutivo que haga públicas las medidas adoptadas para lograr ese descenso. "Es necesario denunciar y juzgar a los responsables de las irregularidades y a quienes optaron por mirar hacia otro lado", agregó, advirtiendo sobre la posibilidad de que la violencia urbana vuelva a incrementarse si no se toman las acciones correctas.

El diputado también recordó los asesinatos de cuatro trabajadores en marzo, que fueron atribuidos a "un grupo de bandas narcopoliciales barriales", y mencionó los recientes episodios de violencia relacionados con la barra brava de Newell’s y el ataque contra el jefe de la barra de Central, Andrés "Pillín" Bracamonte, tras el clásico. "Todo esto parece indicar una lucha territorial vinculada a bandas narcopoliciales disfrazadas de barras bravas, como parte de las divisiones y multiplicaciones de Los Monos", advirtió Del Frade, subrayando el peligro de que esta violencia se extienda por toda la ciudad.

En diferentes barrios de Rosario, organizaciones sociales han reportado la presencia de "reguladores" de las principales bandas narcopoliciales, quienes estarían adquiriendo armas para futuras acciones, según señaló Del Frade. Asimismo, agregó que los llamados "presos de alto perfil" no son grandes distribuidores o exportadores de drogas, sino sicarios, y expresó su preocupación por la posible liberación de varios de ellos en el corto plazo.

Además, el legislador destacó la importancia de investigar y controlar el tráfico en la hidrovía Paraná. Señaló a empresas navieras y agroportuarias, que enfrentan denuncias por delitos económicos, y las vinculó con el envío de cocaína hacia Europa desde muelles privados en los departamentos de Rosario y San Lorenzo. También mencionó la compra de terrenos en Pueblo Andino por parte de ciudadanos colombianos que aparecen "con miles de dólares en mano", así como otros episodios relacionados, como el decomiso de 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto, en una propiedad del ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, y la operación de un puerto seco supuestamente impune en el cruce de las rutas 34 y A012.

Por último, Del Frade denunció la venta de celdas por 50 mil pesos en la cárcel de Piñero para presos comunes que, de otro modo, se ven obligados a dormir en el suelo de celdas ya ocupadas, además de maltratos a los familiares de los reclusos y una deficiente calidad de la comida, según los testimonios que afirmó haber recogido.