Un nuevo episodio en la lucha contra la corrupción policial se desarrolló en Rosario, donde la Sala 4 del Centro de Justicia Penal condenó a un cuarto policía y a un civil involucrados en un procedimiento falso para favorecer al grupo del conocido criminal Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval. Este juicio marca un punto culminante en una historia de enfrentamientos territoriales entre bandas y el involucramiento de la policía.
El policía Héctor Dallia fue sentenciado a 7 años y 6 meses de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación especial, por los delitos de falsedad ideológica y privación abusiva de la libertad agravada, ambos en calidad de coautor, y falsa denuncia como partícipe primario. Mario Santillán, sindicado como allegado al clan Sandoval, recibió una pena de 4 años y 8 meses de prisión efectiva por falsa denuncia en calidad de instigador y privación ilegítima de la libertad agravada como coautor, en concurso real.
El caso se remonta al 21 de junio de 2021, cuando se llevó a cabo un procedimiento ilegal en el que se privó de libertad a cuatro personas bajo la apariencia de un operativo legítimo. Según el fiscal José Luis Caterina, dos de las víctimas fueron retenidas por aproximadamente 90 días, hasta que la Fiscalía desentrañó la maniobra.
En el operativo participaron, además de Dallia, el oficial Pablo Sosa, quien fue condenado en julio de 2023 a 3 años de prisión condicional y 6 años de inhabilitación, y el comisario Gerardo Malpassi, sentenciado en febrero de 2023 a 3 años de prisión efectiva y 6 de inhabilitación especial. Durante el procedimiento, Sosa y Dallia, vestidos de civil, detuvieron a cuatro personas señaladas por Santillán, quien se encontraba en el vehículo con ellos.
En la comisaría, el procedimiento fue falsificado, presentándose como un patrullaje preventivo en el que una mujer supuestamente había identificado a los detenidos como autores de un delito. Sin embargo, los detenidos declararon ante la Fiscalía que sus declaraciones habían sido impuestas por la policía. Finalmente, la Fiscalía solicitó su liberación y archivó las acusaciones en su contra, ocho días antes del vencimiento de su prisión preventiva.
Este caso subraya la gravedad de la corrupción policial y la manipulación de procedimientos legales para favorecer a grupos criminales, evidenciando la necesidad de una vigilancia estricta y una justicia imparcial.
