El Gobierno Nacional introdujo cambios significativos en la legislación sobre propiedad intelectual y derechos de autor mediante la modificación del Decreto 41.223, lo cual redefine el concepto de espacio público e introduce nuevas obligaciones para la reproducción de obras en internet. A partir de ahora, se reconoce a internet como un "nuevo 'espacio público'", en el cual será indispensable obtener la autorización de los creadores de las obras para su reproducción, implicando el correspondiente pago por su difusión.
En contraposición, los salones de fiesta ya no estarán obligados a pagar a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) por la música que utilicen, debido a que han sido redefinidos como un “ámbito privado, sea este de ocupación permanente o temporal”. Esto marca un cambio notable en la forma en que se aplicaban las regulaciones hasta ahora.
El nuevo decreto 765/2024 pone un especial énfasis en los medios tecnológicos y digitales, tales como las plataformas de streaming, que se han convertido en una parte integral del uso cotidiano de una gran parte de la población. Dado su amplio acceso, el decreto busca regular su uso con mayor precisión.
El texto oficial aclara que "se entiende por representación o ejecución pública aquella que se efectúe, cualquiera que fueren los fines de la misma, en un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas".
Por otro lado, el decreto establece que los autores tienen derecho a recibir una "remuneración equitativa" de cualquier persona que, de forma ocasional o permanente, obtenga un beneficio económico, directo o indirecto, con la utilización pública de una obra o que realice un evento utilizando la misma.
Existen excepciones, como las reproducciones con “carácter didáctico” o aquellas realizadas en "conmemoraciones patrióticas en establecimientos educacionales oficiales o autorizados por el Estado", las cuales no estarán sujetas a pagos.
No obstante, persisten algunas interrogantes sin respuesta clara en el decreto, como el mecanismo exacto para el pago a los autores y la determinación de qué publicaciones en internet estarán sujetas a pago. El ciberespacio aún se presenta como una "zona liberada" en términos de reglamentación completa, lo que deja algunos aspectos abiertos a futuras interpretaciones y ajustes legislativos.
