El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó adelante este jueves a la mañana el derrumbe de un puesto de venta de drogas en el barrio Stella Maris de Rosario. La acción se enmarcó en el programa Intervención Barrial Focalizada (IBF), que ha permitido realizar este tipo de intervenciones en distintos puntos de la ciudad desde su implementación.
La actividad tuvo lugar en un domicilio ubicado en Querandíes 1251 bis, y estuvo encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, acompañado del fiscal Regional Matías Merlo, el fiscal Franco Carbone del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y el secretario de Control Municipal de Rosario, Diego Herrera.
“Intervenir de inmediato”
El ministro explicó que “este lugar funcionaba como punto de venta, a veces con habitantes golondrinas que venían como anoche, y hace un rato, a instalarse para impedir la medida procesal. No era una vivienda permanente de familia; era un punto de venta de estupefacientes alrededor de los cuales en los últimos tiempos hubo tres homicidios ligados a este lugar”.
“Hubo 50 llamadas al 911 denunciando ventas de estupefacientes”, enumeró el ministro. Además, en los allanamientos realizados por orden de la Fiscalía de la Provincia de Santa Fe se encontraron elementos de comercialización de droga, balanza, vestigios de droga, confirmando que se trataba de un inmueble dedicado exclusivamente a la venta de estupefacientes al por menor.
Cococcioni señaló también que “ha habido múltiples allanamientos y medidas en el pasado, pero el lugar se volvía a reinstalar. Por lo tanto, se ordenó judicialmente la medida de inactivación física, que en este caso se ejecuta mediante la demolición del lugar”. Aseguró que se monitoreará cualquier posible reanudación de actividad ilícita para intervenir de inmediato.
El ministro remarcó que esta respuesta del Gobierno surge “en el marco de la IBF que llevamos adelante hace algunos meses en este barrio de Rosario. Este búnker no sólo es un factor criminógeno de intranquilidad pública, sino que su dinámica hacía imposible la vida en sociedad al entorno”. Cococcioni describió cómo “la gente salía a la calle y se encontraba con personas en moto peleándose a tiros por temas de drogas”.
IBF y Ley de Microtráfico
La reciente acción en Rosario se enmarca en el programa IBF, implementado por el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad y el Ministerio Público de la Acusación, con el apoyo de la Ley de Microtráfico. Esta ley, aprobada a finales de 2023 por la Legislatura provincial, asigna a los fiscales del MPA la investigación de delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que antes eran competencia de la Justicia Federal.
La ley permite la desactivación coercitiva de puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial, incluyendo la demolición forzosa de búnkers o construcciones precarias dedicadas al tráfico de drogas. También busca identificar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes. La Justicia Federal continúa persiguiendo la cadena de comercialización en sus niveles más altos, mientras que la intervención provincial se centra en la desactivación directa de puntos de venta minorista.
