Treinta allanamientos y seis detenidos en medio de ola de violencia y actividades criminales en barrios Casiano Casas, La Esperanza y El Churrasco.

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En una serie de acciones policiales desplegadas el jueves pasado, la zona norte de la ciudad se vio sacudida por una saga de homicidios y el desmantelamiento de una banda delictiva. Según voceros policiales, los operativos estuvieron dirigidos a desarticular actividades de narcomenudeo, resultado de una investigación tras los recientes crímenes en los barrios Casiano Casas, La Esperanza y El Churrasco.

Los treinta allanamientos, autorizados judicialmente, se llevaron a cabo en distintos domicilios de la mencionada área, donde se incautaron dosis de cocaína listas para la venta y armas de fuego. Entre los detenidos, se encuentran presuntos implicados en los asesinatos que han estremecido a la comunidad en las últimas semanas.

La situación de violencia en la zona se ha vuelto alarmante, con cuatro crímenes en el último mes, destacando el caso de Claudio Barrionuevo, víctima de un fatal disparo mientras realizaba una tarea cotidiana. El malestar de los residentes se ha manifestado en protestas y denuncias de connivencia policial, evidenciando un clima de temor e inseguridad creciente.

Por otro lado, en un giro de los acontecimientos, una investigación paralela reveló una compleja red delictiva liderada por Esteban Lindor Alvarado, quien enfrenta cargos por asociación ilícita, lavado de activos y otros delitos relacionados con el robo y venta de vehículos. La imputación alcanza a otras ocho personas, señalando a Alvarado como cabecilla desde su reclusión.


Para la fiscalía Esteban Alvarado, César Patricio López Coronel, Nahuel Yamir Clavero, Lucas Fabián González, Fernándo Ariel Ayala, Germán Darío “Germancho” Lauretti, Gustavo Armando “Tuerto” Cárdenas, César Humberto López Cena, Maria Fernanda Abaca y otras dos personas que aún no fueron halladas, además de otras que aún no fueron identificadas; formaron una asociación ilícita dedicada a la comisión de diversos delitos con el fin de ocupar distintas propiedades, incluso a través de violencia, para excluir a sus dueños u ocupantes , los que utilizaban para guardar autos adquiridos con dinero que tenía origen ilícito, al que le elevaban el valor y luego los vendían.

Desde la cárcel de Ezeiza, Alvarado digitaba las actividades del grupo y daba las órdenes. Usaba testaferros para comprar los autos y disponía la usurpación de galpones para guardar los vehículos a través de maniobras extorsivas para concretar la ocupación.

Recordemos , Esteban Lindor Alvarado cayó preso en 2007 cuando intentaba robar un Fiat Duna en Cochabamba al 800 y terminó condenado en esa causa provincial por robo de autos. Señalado como socio del empresario Luis Medina y vinculados ambos con el narcotráfico, volvió a caer en agosto de 2012 y terminó condenado en Buenos Aires por liderar una banda dedicada a robar, desguazar y mellicear o emponchar autos.

Pero el asesinato del prestamista Lucio Maldonado, a pocos meses de que Chuchino Alvarado, como lo conocen, consiguiera la libertad condicional, lo ubicó desde fines de 2018 como protagonista de una investigación judicial que dejó a la vista una banda delictiva mixta, sumamente aceitada, dedicada a la comisión de hechos violentos que contaba con una pata económica dedicada a introducir en la economía legal ingresos con origen delictivo a través de una red de empresas y prestanombres.

Varios de los nombres que surgieron en la investigación, ya sea como testigos, imputados devenidos en colaboradores de la investigación o nombrados, sufrieron ataques armados; algunos de esos hechos terminaron en homicidio, como el reciente asesinato del mecánico Carlos Arguelles.

Tras un juicio oral que llevó dos meses en la justicia provincial, Alvarado fue condenado el 3 de junio de 2022 a prisión perpetua por una serie de homicidios, balaceras y liderar una asociación ilícita que abracaba hasta el lavado de dinero con empresas fantasmas. En tanto, el 9 de junio de ese mismo año, el capo narco tuvo su revés judicial en el fuero federal tras ser penado a 15 años de prisión al considerarlo organizador del transporte de media tonelada de marihuana a la provincia de Río Negro en 2017.

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