Del otro lado de la ley Un policía y un abogado que asesora al PRO fueron condenados por intentar extorsionar a un detenido

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El apriete fue en julio de 2017 cuando el policía le exigió 10 mil pesos y una bolsa de cocaína a un detenido de la comisaría 4ª para que recuperara la libertad, en la capital provincial. El letrado hizo de intermediario y los atraparon en una entrega controlada.



Captura del momento del secuestro del dinero

La condena recayó sobre un abogado que en ese entonces era asesor del bloque del Cambiemos en la Cámara de Diputados y un uniformado que trabajaba en la comisaria 4° de la capital provincial. Según la teoría fiscal ambos extorsionaron a un hombre que había sido detenido en una comisaría de la ciudad de Santa Fe para que entregara una fuerte suma de dinero y una bolsa con drogas. El juez Pablo Busaniche, que presidió el debate oral y púbico, dictó sentencia y condenó a ambos a la pena de dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitaciones especiales por el mismo plazo. Además deberán pagar una multa de 60 mil pesos y cumplir reglas de conducta, entre ellas tienen prohibido acercarse a la víctima.

Se trata del abogado Sebastián Gervasoni y el policía Martín Horacio Herrera fueron condenados a dos años y ocho meses de prisión cada uno por haber intentado extorsionar a un hombre que estaba privado de su libertad en la comisaría 4ª de la ciudad de Santa Fe. La sentencia fue dispuesta por el juez Pablo Busaniche en el marco de un juicio oral y público que finalizó esta mañana en los tribunales de la capital provincial.

Los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera contaron que el 2 de julio del 2017 un hombre se encontraba detenido en la comisaría 4° de la ciudad capital. Según la teoría fiscal el policía Martín Horacio Herrera, de 42 años, le dijo que su caso era complicado y si entregaba 10 mil pesos y una bolsa de cocaína, no sería liberado y tendría inconvenientes con la libertad condicional que le habían otorgado en el marco de otra causa. Pero ese día el detenido ya contaba con una orden de libertad que el uniformado no le informó.



Lo que hizo este policía fue llamar al abogado Sebastián Gervasoni y decirle que fuera a la comisaría para reiterarle al detenido la entrega del dinero y la droga. Según la fiscalía el letrado le dijo al preso que tenía vínculos con ‘muchos fiscales’ y que ‘manejaba a la policía'”.

“El intento de extorsión fue presenciado por una mujer que era la pareja del detenido y, en el hall de la comisaría, la mujer le dio al policía condenado un teléfono celular y los papeles de dominio de una motocicleta”, puntualizó Hernández. El fiscal también detalló que “el dispositivo y la documentación fueron tomados como garantías de que la víctima reuniría lo que se le había exigido y, en función de ese acuerdo, el detenido recuperó su libertad”.

Entrega controlada


El fiscal Hernández contó que un día después de recuperar la libertad, el hombre al que trataron de extorsionar y su pareja se dirigieron a la sede fiscal. Tras la denuncia, la fiscalía y Asuntos Internos organizó una entrega controlada.

Dos días después del hecho, la víctima y su pareja fueron a la comisaría donde hablaron con el uniformado que les dijo que llamen al abogado para acordar un encuentro. Lo llamaron por teléfono y el letrado le dijo que fuera hasta la intersección de Facundo Zuviría y Diagonal Goyena. Luego les cambió la dirección a Hernandarias y avenida Peñaloza.

Cerca de las 16.30 el abogado y la víctima se encontraron para hacer el intercambio. El letrado le entregó el celular y la documentación de la moto que la mujer le dio al policía y el hombre le dio 4 mil pesos que estaban marcados.



En ese momento personal de Asuntos Internos detuvo al abogado y secuestró el dinero y el auto en el que había llegado.

Los fiscales destacaron que “no es común una condena en un juicio a un profesional del Derecho, y menos aún por delitos como los de este caso”. Resaltaron que el juez “receptó la agravante de que ambos condenados actuaron con ánimo de lucro y abusando de la profesión de abogado en un caso, y de la función policial en el otro”.

“Nada hace tanto por la prevención de la violencia y de la corrupción institucional como una condena justa en un hecho de estas características”, subrayaron los fiscales quienes dijeron que esperaran los fundamentos.

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