En un sorpresivo giro, el Gobierno Nacional ha sido objeto de fuertes críticas luego de que se revelara una millonaria inversión destinada a techar la piscina de la Residencia de Olivos, donde reside el presidente Javier Milei. Según informes, se habrían gastado alrededor de 50 millones de pesos en esta remodelación, la cual aún no figura en los registros de compras del Estado ni está registrada como una donación privada.
La estructura en cuestión, un cerramiento de aluminio con perfiles metálicos de alto costo y un toldo especial, tiene dimensiones de 9×22 metros. Si bien se estima que el costo por metro cuadrado ronda los 250 dólares, otras versiones sugieren que el costo podría haber sido aún mayor, llegando a los 500 dólares por metro cuadrado.
Este gasto extravagante ha generado una ola de críticas, especialmente considerando el contexto económico actual y la necesidad de reactivación de la obra pública en otras áreas. Además, la polémica se intensifica al conocer que la piscina fue el escenario de una reunión entre el presidente Milei y uno de los autores de una reciente biografía sobre su vida, Nicolás Márquez.
La cercanía entre Milei y Márquez ha despertado interrogantes sobre posibles privilegios y prácticas cuestionables. Es importante destacar que Márquez, en declaraciones recientes, ha realizado comentarios controversiales sobre la homosexualidad, lo que ha generado aún más controversia en torno a esta situación.
Por otro lado, en el ámbito económico, la empresa Mirgor, propiedad de la familia Caputo, ha implementado un programa de retiro voluntario para sus trabajadores en Río Grande. Esta medida se suma a otras acciones de ajuste que ha venido tomando la empresa en respuesta a la caída de ventas y la crisis económica que atraviesa el sector industrial.
La incertidumbre se cierne sobre los empleados de Mirgor, quienes temen por la estabilidad de sus puestos de trabajo. El sindicato ha expresado su preocupación y ha exigido garantías para los trabajadores afectados por estas medidas. Mientras tanto, las autoridades locales y provinciales están interviniendo para buscar soluciones que eviten despidos masivos y protejan los empleos en la región.
