Provincia toma medidas legales contra 273 sitios de juego online por presunta ilegalidad

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El gobierno provincial ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación por el presunto delito de explotación, administración y operación de juegos de azar en perjuicio de la Administración Pública Provincial. Esta acción legal está dirigida contra 273 sitios web de apuestas, solicitando su bloqueo y el embargo de sus cuentas bancarias.

La presentación, firmada por los ministros de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y de Educación, José Goity, junto al vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe (CAS), Daniel Di Lena, destaca que estos sitios operan al margen de la ley, sin los debidos controles y permitiendo el acceso y las apuestas a menores de edad. Además, no contribuyen con ningún canon, generando así un enorme perjuicio al erario público.

Según el documento presentado, la CAS ha identificado que estos sitios web permiten apostar de manera ilegal, infringiendo disposiciones del Código Penal y la normativa vigente en materia de regulación del juego. No cuentan con la aprobación necesaria para comercializar estos juegos y facilitan el acceso a menores de edad, lo que representa un grave riesgo para su salud física y mental.

Se destaca también que, de acuerdo con el marco normativo, cualquier juego o apuesta que se desarrolle en la provincia de Santa Fe debe contar con la autorización previa y el control de la CAS, requisito que ninguno de los sitios denunciados cumple.

El documento subraya el perjuicio económico que representa el juego ilegal para el estado, estimando que esta actividad constituye aproximadamente el 80% del juego en línea. El dinero que se canaliza a través del juego ilegal representa una pérdida significativa para el patrimonio estatal, ya que estos sitios no pagan ningún tipo de impuesto ni canon.

Ante esta situación, se ha solicitado al Ministerio Público de la Acusación la clausura y bloqueo de acceso a estos sitios web, así como el embargo de sus cuentas bancarias, con el fin de poner fin a esta actividad delictiva y recuperar los recursos económicos perdidos.

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