En sintonía con los informes periódicos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Unicef ha publicado un informe que revela que en Argentina, dos de cada tres personas son pobres por ingresos o carecen de derechos básicos como educación, protección social, vivienda adecuada, agua potable o un hábitat seguro.
La gravedad de estos datos estadísticos se hace evidente cuando se considera que en nuestro país, el 70% de los niños, niñas y adolescentes viven por debajo de la línea de pobreza.
Los números son contundentes: en las últimas dos décadas, se han establecido 6,467 barrios populares, villas y asentamientos en todo el país, ocupando un área tres veces mayor que la Ciudad de Buenos Aires y albergando al 12% de la población, aproximadamente 5 millones de personas.
Estos datos provienen del último censo realizado por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), con la valiosa colaboración de la ONG Techo Argentina y otras organizaciones de la sociedad civil, presentado poco antes de la asunción del presidente Javier Milei.
Cerca de un tercio de estos asentamientos se encuentran en la provincia de Buenos Aires, con un total de 2,065.
Los resultados del relevamiento de asentamientos informales (RAI), realizado por el RENABAP desde 2017, y que inició la ONG Techo en 2009, ponen de manifiesto las falencias sociales que revelan una alarmante desigualdad.
En términos generales, el 66% de los residentes no tiene acceso a electricidad formal, el 92% carece de agua potable, el 97% no está conectado a la red cloacal y el 99% no tiene acceso al gas domiciliario, lo que los obliga a comprar costosas garrafas o recurrir a peligrosos braseros.
Además, el 87% de las mujeres que viven en estos barrios son jefas de hogar, y solo el 31%, incluidas las personas trans, tienen trabajo remunerado.
Orígenes
Según Juan Maquieyra, director de la organización social Techo Argentina, "más del 70% de la conformación de los barrios populares en Argentina se ha dado mediante lo que se conoce como 'ocupación de tipo hormiga': una familia o un grupo de familias se asienta en un lugar abandonado, donde nadie está haciendo uso de la tierra, y luego van atrayendo a otros".
Maquieyra añade: "Solo hablamos de los barrios populares cuando suceden eventos que para la vida cotidiana son excepcionales".
Este fenómeno se enfrenta a estigmatizaciones que lo vinculan con crímenes, delincuencia y tráfico de drogas, una percepción que ha sido desafiada por un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación y la Secretaría de Integración Socio Urbana, que revela que la falta de oportunidades educativas, laborales y sociales en estos espacios vulnerables contribuye al reclutamiento de jóvenes en el consumo y comercio de drogas, entre otras actividades ilegales.
Advierte que aquellos que viven en áreas con presencia de venta de drogas están más expuestos a la violencia y el acoso por parte de grupos criminales.
Drogas
Según una encuesta, en uno de cada cuatro hogares se identifica la venta o tráfico de drogas en su área cercana. Este problema es más pronunciado en áreas urbanas vulnerables, donde la presencia policial es escasa.
El comercio de drogas en estos barrios se ve favorecido por la ausencia del Estado y/o la complicidad de las fuerzas de seguridad, creando un entorno de violencia y explotación.
Adicciones
La venta ilegal de drogas y las adicciones afectan significativamente el desarrollo humano y la convivencia social en estas comunidades, especialmente entre los jóvenes.
Aunque la venta y el consumo de drogas están presentes en todos los estratos sociales, es en los espacios urbanos más vulnerables donde tienen un impacto más devastador, socavando la integración social y las oportunidades de desarrollo.
Renabap
El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), creado para promover la inclusión social y urbana de las comunidades de villas y asentamientos, ha desempeñado un papel crucial en la provisión de infraestructura básica y el reconocimiento legal de estas áreas.
Sin embargo, recientemente se han planteado preocupaciones sobre la discontinuidad de los programas de integración sociourbana, lo que podría agravar la situación de las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad.
