/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/PP32S3WY5BB2FECRF3D3U2N6O4.jpg)
En el marco de una denuncia presentada por la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano, la Fiscalía Federal liderada por Ramiro González ha iniciado una investigación para determinar la responsabilidad en el control de comedores y merenderos durante el gobierno de Alberto Fernández. Esta medida surge tras la sospecha de una potencial red de corrupción que habría desviado fondos destinados a la seguridad alimentaria hacia organizaciones políticas y sociales.
El fiscal González ha solicitado el listado de personas encargadas de supervisar los comedores en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), así como también el listado de funcionarios de la Secretaría de Inclusión Social que estaban a cargo de esta tarea. Además, ha citado a Leila Gianni, subsecretaria de legales de Capital Humano, para ratificar la denuncia y presentar documentación relevante.
El RENACOM, creado en 2020 y operativo hasta el final del gobierno anterior, está en el centro de la investigación. Se ha descubierto que muchos de los comedores registrados nunca funcionaron como tales o dejaron de hacerlo hace años. Según datos del Ministerio de Capital Humano, se estimaba que entre 12 a 14 toneladas de alimentos debían ser distribuidas mensualmente, pero existen serias dudas sobre la veracidad de estas entregas.
Una auditoría realizada sobre más de 2.600 comedores reveló que más de la mitad no cumplían con los requisitos o directamente no existían. Entre los comedores cuestionados se encuentran varios vinculados a organizaciones sociales como el Polo Obrero, el MTE y el Movimiento Evita.
La Justicia sigue la hipótesis de que los recursos destinados a estos comedores se utilizaron como herramientas de extorsión, coincidiendo con otras investigaciones sobre líderes piqueteros acusados de aprietes a beneficiarios de planes sociales. Además, se sospecha que los alimentos recibidos podrían haber sido vendidos ilegalmente.
La investigación se amplía para determinar si los delitos fueron cometidos de manera aislada por algunos dirigentes o si formaban parte de un plan organizado en el que también estaban involucrados líderes de organizaciones sociales. Este caso destaca la importancia de la transparencia y el control efectivo en la distribución de recursos destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad.
