El juez federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, ha procesado a 14 exdirectivos de la agroexportadora Vicentin SAIC por su participación en una compleja trama de fraude fiscal. La causa, desencadenada por una denuncia de la Afip en 2020, revela un entramado de facturas falsas y exportaciones inexistentes que buscaban obtener reintegros de IVA de manera fraudulenta.
El magistrado ha ordenado embargar los bienes de los implicados y ha dictaminado una inhibición de hasta 100 millones de pesos para aquellos que carezcan de propiedades a su nombre. Entre los procesados se encuentran figuras prominentes como Daniel Buyatti, Alberto Macua, y Máximo Padoan, entre otros.
Las investigaciones revelaron que la empresa utilizó una serie de artificios, incluyendo facturación apócrifa y contratos ficticios, para percibir de manera indebida créditos fiscales relacionados con operaciones de exportación. El juez Alurralde destacó que la magnitud del fraude asciende a más de 100 millones de pesos.
Las maniobras fraudulentas no solo involucraron la presentación de facturas falsas, sino que también incluyeron la creación de empresas fantasmas y la utilización de domicilios ficticios, llegando incluso a registrar direcciones en lugares tan absurdos como el océano Pacífico.
El informe de la Afip, respaldado por las conclusiones del juez Alurralde, revela un patrón claro de conducta delictiva, que va desde la creación de proveedores inexistentes hasta la simulación de operaciones comerciales para obtener beneficios fiscales indebidos.
Estas prácticas fraudulentas han causado un grave perjuicio a las arcas del Estado y han distorsionado la competencia en el mercado, afectando a empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias de manera honesta.
Los problemas legales de Vicentin no se limitan al fraude fiscal. La empresa enfrenta múltiples causas penales, incluyendo acusaciones de estafa relacionadas con la venta de acciones de Renova a Glencore. Además, su situación financiera ha sufrido un deterioro significativo en los últimos años, como lo demuestran los datos contables que muestran un incremento exponencial del pasivo y una drástica disminución del patrimonio neto.
En resumen, el procesamiento de los exdirectivos de Vicentin es solo el último capítulo en la saga de problemas legales y financieros que enfrenta la empresa, que ha pasado de ser una de las principales agroexportadoras del país a estar envuelta en escándalos de corrupción y malversación de fondos.
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