La cooperativa "Esperanza", dedicada a brindar oportunidades laborales y contención a personas con discapacidades mentales en Pichincha, ha sido objeto de denuncias por la venta irregular de una de sus propiedades. Fundada hace treinta años por padres preocupados por la falta de opciones para sus hijos con discapacidad, la cooperativa enfrentaba dificultades financieras, agravadas por la pandemia.
Juan Enrique Riz, ex vicepresidente de la cooperativa, descubrió la venta de la propiedad y presentó una denuncia ante la Dirección de Cooperativas. Alega que la nueva comisión directiva, instalada sin su conocimiento, llevó a cabo la transacción de manera irregular. La investigación se ha trasladado al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para determinar si se cometió algún delito que perjudique a la cooperativa.
El gobierno provincial ha presentado una denuncia en el MPA, preocupado por la posible comisión de delitos inmobiliarios y su impacto en las instituciones intermedias. Se busca identificar a los responsables de estas acciones fraudulentas.
Estas denuncias se enmarcan en los esfuerzos del gobierno provincial para proteger a las instituciones intermedias de maniobras inmobiliarias fraudulentas. Se han establecido procedimientos obligatorios para la venta de propiedades de estas instituciones, con el objetivo de prevenir este tipo de situaciones.
Matías Figueroa Escauriza, secretario de Registros Provinciales, enfatizó la determinación del gobierno para perseguir y castigar cualquier delito, incluidas las estafas inmobiliarias. Se busca garantizar que aquellos que infrinjan la ley enfrenten las consecuencias de sus acciones, sin importar su posición social o económica.
