La ciudad de Rosario se ve sacudida por una serie de crímenes a trabajadores que han dejado atónita a la comunidad y generado un profundo debate sobre la edad de imputabilidad y la complejidad de las redes delictivas. Los recientes acontecimientos han puesto de manifiesto una planificación meticulosa, en la que adolescentes no punibles fueron utilizados como gatilleros, revelando un modus operandi que ha puesto en tela de juicio las leyes vigentes y ha desafiado a las autoridades a replantearse su enfoque en la lucha contra el crimen.
Los fiscales Patricio Saldutti, Adrián Spelta y Franco Carbone. (Alan Monzón / Rosario3)
En una audiencia imputativa, los fiscales Patricio Saldutti, Adrián Spelta y Franco Carbone expusieron cómo jóvenes de entre 14 y 17 años fueron seleccionados específicamente por su edad y "coacheados" para llevar a cabo una serie de crímenes, desde ataques a colectivos hasta homicidios de taxistas y trabajadores. El fiscal Adrián Spelta, en declaraciones a Radiópolis, señaló que esta planificación tan marcada con menores nunca antes se había visto en la ciudad, lo que ha generado un profundo cuestionamiento sobre el sistema judicial y la necesidad de revaluar las leyes existentes.
El debate sobre la edad de imputabilidad ha cobrado fuerza en medio de estos trágicos sucesos. Si bien la tarea de la justicia es atenerse a las leyes vigentes, la escalada de violencia ha llevado a algunos a cuestionar si estas leyes son adecuadas para abordar la complejidad de los crímenes perpetrados. Los fiscales advierten que los menores fueron solo la punta del iceberg en una red delictiva más amplia, que involucra a adultos que planificaron y coordinaron los ataques desde la cárcel y el domicilio.
En paralelo, las investigaciones revelan conexiones entre diferentes bandas delictivas, planteando la posibilidad de la existencia de al menos dos grupos criminales implicados en los crímenes. Esteban Lindor Alvarado y Claudio Javier “Morocho” Mansilla, jefes narco actualmente alojados en el penal federal de Ezeiza, son sospechosos de ser los cabecillas del segundo grupo que organizó y perpetró los ataques. Aunque por el momento no hay elementos suficientes para imputarlos, las autoridades están investigando posibles vínculos entre ellos y los crímenes.
La complejidad de estos eventos y la interconexión entre bandas delictivas plantean un desafío sin precedentes para las autoridades. La necesidad de revisar las leyes vigentes, fortalecer la prevención del delito y mejorar la coordinación entre las fuerzas de seguridad se vuelve imperativa para evitar que tragedias como estas se repitan en el futuro. La sociedad rosarina espera respuestas contundentes por parte de las autoridades y medidas efectivas para garantizar la seguridad y la justicia para todos.
