La Legislatura santafesina ratificó el miércoles, de forma casi unánime en ambas cámaras, una serie de modificaciones al Código Procesal Penal vigente desde hace más de una década. Esta reforma, respaldada por el gobierno con mayoría parlamentaria, se presenta como una medida esencial en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.
Sin embargo, voces críticas, como la del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), señalan que esta actualización implica un retroceso en términos de garantías individuales.
El diputado oficialista Dionisio Scarpin destacó la importancia de las enmiendas, en línea con las demandas del gobernador Maximiliano Pullaro, para abordar los desafíos de seguridad en la provincia.
Entre los cambios más destacados, se eliminó el estado antijurídico, asegurando la restitución inmediata de propiedades usurpadas y la devolución rápida de vehículos robados. Asimismo, los plazos de prisión preventiva se duplicaron, extendiéndose a 96 horas y hasta 15 días para delitos complejos relacionados con el narcotráfico.
Además, la nueva legislación regula el uso de técnicas especiales de investigación, como el agente encubierto y la entrega vigilada, con la condición de obtener autorización judicial. Se otorga un papel más activo al querellante en las audiencias imputativas, permitiéndoles participar y presentar pruebas. Por otra parte, los juicios abreviados pueden solicitarse en cualquier etapa de la investigación, siempre y cuando exista acuerdo entre fiscalía, imputado y, en caso de haber, la conformidad de la víctima.
Sin embargo, el Inecip, que abogó en su momento por el cambio del sistema inquisitivo al acusatorio, critica duramente estas reformas. Según el instituto, el proyecto gubernamental limita la oralidad en la investigación al eliminar audiencias cruciales, lo que podría conducir a una mayor opacidad y lentitud en los procesos judiciales. Asimismo, la extensión de los plazos de revisión judicial de las detenciones podría fomentar la ineficiencia y el abuso de poder por parte de las autoridades policiales.
En conclusión, si bien la reforma del Código Procesal Penal busca fortalecer el combate contra la delincuencia, también genera controversias en torno a la protección de los derechos individuales y la eficacia del sistema judicial. La divergencia de opiniones plantea un desafío para encontrar un equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a las garantías legales.
