Alerta en el transporte: Javkin considera acciones legales para asegurar fondos nacionales

El intendente Pablo Javkin, junto a un grupo de mandatarios de grandes ciudades del país, evalúa recurrir a la Justicia para garantizar los fondos necesarios para el transporte público, luego de la eliminación del Fondo Compensador del Interior por parte del gobierno nacional. 

Javkin advierte que sin estos fondos, el costo del boleto de colectivo en ciudades como Rosario podría alcanzar los mil pesos.

Durante una conferencia de prensa, Javkin expresó su preocupación por las medidas anunciadas, destacando que afectarían gravemente a los ciudadanos del interior del país y agravarían la desigualdad con respecto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El intendente señaló que están considerando medidas políticas y judiciales para garantizar los fondos asignados por ley en el presupuesto nacional.

Javkin subrayó que la eliminación de los subsidios al transporte no solo afectaría a los intendentes, sino principalmente a los usuarios del sistema de transporte, generando una mayor distorsión entre el interior y el AMBA. También mencionó que, en caso de no recibir los fondos necesarios, se verían obligados a aumentar significativamente el costo del boleto, lo cual sería injusto e insostenible para los usuarios.

El intendente hizo un llamado a la sensatez y manifestó la disposición de los intendentes a discutir un sistema de subsidios a la demanda, pero destacó la necesidad de tratar a todos los ciudadanos argentinos por igual, independientemente de dónde vivan. Enfatizó que la falta de soluciones concretas solo aumentará el desencanto entre la población.

Ante esta situación, Javkin instó a las autoridades nacionales a encontrar soluciones efectivas que garanticen el funcionamiento del transporte público y eviten perjudicar a los usuarios.

Sin subsidios al transporte, la UTA advierte sobre un boleto a 800 pesos en Rosario

La eliminación oficial por parte del gobierno nacional del Fondo Compensador que subsidiaba el transporte en el interior del país, sin embargo, mantiene descuentos sociales por Sube para algunos usuarios, ha generado preocupación en el sector del transporte público en Rosario. 

Sergio Copello, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) local, advirtió sobre las graves consecuencias de esta medida, anticipando un posible aumento del boleto hasta los 800 pesos.

Copello describió la situación como una "bomba contra el sistema", afirmando que la eliminación de los subsidios impactará de manera drástica en la estabilidad del transporte, dejándolo en estado crítico y necesitando "terapia intensiva". Asimismo, señaló que la medida tendría efectos adversos en diversos sectores económicos, afectando a los trabajadores en general.

El líder sindical destacó que el fin de los subsidios no solo perjudicará a los trabajadores del transporte y a las empresas, sino que también repercutirá en la economía de todos los trabajadores, advirtiendo que el boleto podría alcanzar los 800 pesos sin el respaldo de los subsidios. Esta estimación se basa en el precio actual del litro de diesel o gasoil, según explicó.

En cuanto a la respuesta del gobierno provincial, Copello apuntó al gobernador Maximiliano Pullaro, quien inicialmente descartó hacerse cargo de la falta de aporte nacional para evitar un aumento desmedido en el costo del boleto. Sin embargo, el dirigente sindical sugiere que Pullaro podría verse obligado a reconsiderar su postura ante la presión y las consecuencias inminentes que enfrentaría la provincia si no se toman medidas para mantener el sistema de transporte público operativo.

ALERTA MAXIMA : El Gobierno nacional retira subsidios al transporte del interior y reduce transferencias a provincias

En una decisión oficializada por el ministerio de Economía, se anunció la eliminación del Fondo Compensador que subsidiaba el transporte fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), dejando en una situación delicada a las empresas prestadoras de servicios en el interior del país. 

Esta medida, que se enmarca en un contexto de ajuste presupuestario, supone un desafío significativo para la viabilidad económica del sistema de transporte en regiones que dependen de estos subsidios para su funcionamiento.

El anuncio también incluye la reducción drástica de las transferencias discrecionales a las provincias, que durante enero experimentaron una disminución del 98%. El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó esta medida argumentando la necesidad de transparentar el sistema y evitar el uso político de fondos públicos. 

Sin embargo, esta reducción abrupta pone en aprietos financieros a las administraciones provinciales, que se ven obligadas a ajustar sus presupuestos y buscar alternativas para cubrir las necesidades de sus ciudadanos.

Ante esta situación, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su sorpresa por la eliminación de los subsidios al transporte, pero aseguró que la provincia buscará soluciones para mantener el sistema en funcionamiento. Sin embargo, advirtió sobre la dificultad de asumir el déficit dejado por la eliminación de los subsidios nacionales, sugiriendo la posibilidad de aumentar la tarifa o solicitar mayores aportes municipales.

El retiro de estos subsidios también ha generado preocupación entre los usuarios, especialmente aquellos que se benefician de la tarifa social a través de la tarjeta Sube. A pesar de mantenerse algunos descuentos para ciertos grupos de usuarios, como jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales, la incertidumbre persiste sobre el futuro de las tarifas y la calidad del servicio.

La tarifa social supone un descuento del 55 por ciento en un viaje de colectivo, pero sólo con el sistema Sube, lo que deja afuera algunos servicios interurbanos. Además, sin los subsidios nacionales y la advertencia del gobierno provincial de su incapacidad para reemplazar esos fondos, todo indica que el boleto aumentaría.

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Las decisiones tomadas por el gobierno nacional respecto a los subsidios al transporte y las transferencias a las provincias plantean desafíos significativos tanto para el sistema de transporte como para la gestión financiera de las provincias, dejando en evidencia la necesidad de encontrar soluciones equitativas y sostenibles para garantizar el acceso al transporte público y el bienestar de la población en todo el país.