Tras los fallos que frenaron la implementación de la reforma laboral propuesta en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno argentino ha decidido apelar a la Corte Suprema de Justicia en busca de revertir la situación. Los dos rechazos en el fuero laboral han llevado a la Casa Rosada a analizar alternativas judiciales y a preparar una estrategia para presentar el caso ante el máximo tribunal.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/5PW6H4KY35ENVM6HETVSXU4FSE.jpg)
Javier Milei junto a los integrantes de su gabinete (Foto: Presidencia).
La estrategia del Gobierno incluye:
1. Apelación para Tramitación en Fuero Contencioso Administrativo Federal: El Ejecutivo presentará una apelación para que los amparos se tramiten en el fuero contencioso administrativo federal, donde se resuelven las causas relacionadas con el Estado nacional.
2. Presentación ante la Cámara del Trabajo: El Gobierno se presentará ante la Cámara del Trabajo para pedir la revocación del fallo que suspendió las reformas laborales. Argumentan que la CGT no tiene legitimidad para oponerse.
En el caso de que la Cámara del Trabajo acepte la solicitud del Gobierno, se espera que la CGT rechace los argumentos, y la Cámara enviaría el caso a la Corte Suprema de Justicia./cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/VYXMCAPOCNCCRPLBAYT35XVVQI.jfif)
Manuel Adorni, vocero presidencial, ha mencionado que la Casa Rosada planea utilizar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para evitar que se frene la reforma laboral.
Se anticipa que la disputa judicial será prolongada, y el Gobierno estima que, independientemente de la vía judicial adoptada, la discusión llegará a la Corte Suprema en febrero, una vez finalizada la feria judicial. Cabe destacar que la Corte Suprema no tiene plazos obligatorios para tomar decisiones.
Mientras tanto, los artículos laborales que el Gobierno había implementado en el DNU de "desregulación económica" quedarán sin efecto. Estos incluyen medidas como la declaración de "servicio esencial" a sectores como salud, educación y provisión de combustibles, limitando el derecho a huelga en estos ámbitos. También se verán afectadas cuestiones como la obligatoriedad de aportes a gremios y la ampliación del período de prueba laboral.
El presidente Javier Milei tiene previsto enviar el DNU al Congreso para su evaluación por la Comisión Bicameral, incluyendo los artículos laborales suspendidos por la Justicia. La posición del Gobierno es que ni la CGT ni la CTA tienen legitimidad para oponerse a las reformas propuestas.
