Rodolfo Barra y Karina Milei: las objeciones que enfrentan para asumir en el nuevo gobierno

Pese a los pedidos para que se revise su designación debido a su historia afín al nazismo y la limitación por edad que establece una vieja ley, todo indica hasta ahora que Rodolfo Barra asumirá como Procurador del Tesoro del gobierno de Javier Milei, aunque es posible que lo haga después del gabinete de ministros. Apenas se conoció su nombre para ese cargo, que implica encabezar al cuerpo de abogados del Estado y establecer las estrategias jurídicas para el futuro presidente, varias entidades objetaron su nombramiento al recordar su pasado de militancia en la organización de ultraderecha y católica Tacuara y su participación en el atentado a una sinagoga. Luego afloró una polémica adicional ya que una norma de 1970 establece que uno de los requisitos para el cargo de Procurador es no ser menor de treinta años ni mayor de setenta. Barra está por cumplir 76. Tanto él como otros miembros del futuro gobierno creen que esa disposición ya no tiene validez. 

Un cargo clave

Barra es un exponente del menemismo, de su armado judicial –y en especial del fuero contencioso administrativo, que interviene cuando el Estado es parte–, y fue uno de los artífices de las privatizaciones de los noventa y del diseño de una ingeniería judicial para sostenerlas, para lo cual intervino tanto desde la secretaría de Obras Públicas, como ministro de Justicia y con su firma como juez de la Corte Suprema de la mayoría automática. El abogado es un histórico militante antiderechos, con especial foco en las mujeres y las minorías sexuales. Militó contra la ley de Matrimonio Igualitario y lo sigue haciendo contra la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, con exposiciones, escritos y casos en la Corte Suprema, entre otras cosas. El papel del Procurador será clave para que el gobierno de Milei pueda imponer sus reformas sin objeciones jurídicas o para afrontar las que vengan.

Ese órgano, además, es parte hasta en causas que involucran al futuro ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, como la que cuestiona el acuerdo con el FMI del gobierno de Mauricio Macri por 45.000 millones de dólares y su fuga. En varios expedientes donde actúa la Procuración hay algún Macri que esperará a la justicia de su lado: el famoso caso del Correo Argentino del expresidente y su familia que nunca pagó su deuda millonaria con el Estado (al revés, le reclama) y logró que no se ejecute la quiebra; el de la coparticipación que reclama la Ciudad de Buenos Aires, al mando de Jorge Macri, y que está en la Corte; también intervendrá en la demanda por daños que impulsa en Estados Unidos el fondo buitre Burford por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF; y otros casos de deuda en Inglaterra y Nueva York por el cálculo del PBI para pagar cupones de deuda. 

Barra, ¿si o no? 

Por estos días circuló el texto de la ley 18.777 que, hay quienes interpretan, le impediría a Barra asumir en el cargo. Esa norma, dice: “El procurador del Tesoro de la Nación deberá ser ciudadano argentino, no menor de treinta ni mayor de setenta años, abogado con el título habilitante expedido o revalidado por universidad argentina y contar por lo menos con ocho años de antigüedad en la profesión”. Para Barra y su entorno esa ley no es válida ya que quedó derogada de hecho por otra (la ley 24667), de 1996, que equipara el cargo de Procurador del Tesoro al de ministro, que no limita edad. Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez son cosas distintas y la primera norma no está derogada. La modificación posterior “hace la equiparación a ministro funcionalmente pero no deroga la norma de las condiciones de acceso a al cargo”. El jurista planteó parte del debate en la red social “X”. 

En el círculo de Barra doblan la apuesta y dicen que la ley que limita la edad, de todos modos, fue dictada por un gobierno de facto, el del General Roberto M. Levingston, y no siguió el procedimiento constitucional de sanción de las leyes y previsto por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Hay quienes sostienen deberían hacer una reforma, y no descartan que sea por decreto si no es por la vía del Congreso. Por estas horas en la Libertad Avanza analizan la posibilidad, previa a la jura de Barra, de sacar algún decreto para intentar marcar la cancha y eludir una controversia mayor y judicializada. Cerca del abogado de sello menemista, que está entusiasmado con el cargo agregan posibles argumentos: que la Argentina aprobó por la ley 27.360 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con jerarquía constitucional que prevé el derecho “al trabajo digno y decente en igualdad de oportunidades” sin posibilidad de distinciones que no tengan relación con la “naturaleza del cargo”. 

También invocan un fallo de la Corte Suprema, de 2021, que declaraba inconstitucional el límite de edad para un cargo en el registro de la propiedad automotor, entre otras cosas por violar la igualdad ante la ley. Gil Domínguez planteó en las redes que si se aplica la lógica de la Corte Suprema utilizada para desplazar a Ana María Figueroa de su cargo como camarista de Casación por haber cumplido 75 años sin obtener antes un nuevo acuerdo del Senado, “la persona que excede la edad (dispuesta) no puede se designado en el cargo. Solo otra ley puede cambiar el requisito”. A eso hay quienes contraponen que a los jueces se los designa por acuerdo del Senado y a los cargos en la administración nacional, el Poder Ejecutivo. En La Libertad avanza creen que el debate se agotará pronto. No está todo dicho. 

El planteo ético/moral vinculado con la militancia nacionalista y de perfil nazi de Barra en su juventud de parte de varias organizaciones (como el LLamamiento Argentino Judío, el Foro Argentino contra el Antisemitismo –FACA– y Meretz Argentina) no modificó la elección de Milei. Más aún después de un comunicado de la DAIA que dijo que el hombre ya había pedido disculpas, de modo que el tema es ya del pasado pisado. “Si fui nazi, me arrepiento”, había dicho cuando tuvo que dejar el ministerio de Justicia en 1996. 

El caso Karina Milei

Otro capítulo de discusión similar ya se abrió también respecto del eventual nombramiento de la hermana del futuro presidente, Karina Milei, posible secretaria de la Presidencia. Está vigente el decreto 93/2018 del gobierno de Macri que prohíbe designaciones en el sector público nacional de personas que “tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como línea colateral hasta el segundo grado, con el presidente y vicepresidente de la Nación, jefe de gabinete de ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro”. La norma incluye cónyuges e uniones convivenciales. Esta disposición se puede modificar por otro decreto. Es probable que se vengan, además de la ley ómnibus, unos cuantos decretos. 

Fuente : Pagina12
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