Este viernes, se llevaron a cabo nuevos allanamientos en domicilios de Rosario, Avellaneda y Reconquista en relación con el caso Vicentin.
El fiscal Miguel Moreno, encargado de las investigaciones sobre el desempeño del directorio en el momento del histórico default en 2019, solicitó los allanamientos en busca de documentos relacionados con el delito de administración fraudulenta.
La causa Vicentin involucra imputaciones por estafa, administración fraudulenta, asociación ilícita, entre otros delitos. Se alega que los ejecutivos de la empresa realizaron prácticas fraudulentas, como recibir granos que sabían que no podrían pagar o tomar créditos falseando balances. Además, se investiga si la administración del grupo benefició personalmente a algunos directores y accionistas en perjuicio de la empresa.
En octubre, un grupo de accionistas de Vicentin se presentó como querellante ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, considerándose víctimas de las maniobras defraudatorias que llevaron a la empresa al default. El fiscal Moreno ha solicitado estos nuevos allanamientos en base a la información proporcionada por este grupo de accionistas.
Los imputados en este caso incluyen a directores y accionistas como Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Omar Scarel, Máximo Padoan, Cristián Padoan, Martín Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Javier Gazze y Miguel Vallaza.
Este quiebre interno en la empresa se presenta cuando un grupo de accionistas se distancia de los dueños principales para constituirse como querellantes, expresando sentirse defraudados por las acciones de los directores familiares. Vicentin, en el momento del default, dejó una deuda de más de 1.500 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor default en la historia del mercado cerealero.
