En un giro significativo hacia la regulación de protestas y manifestaciones, la Ley Ómnibus presentada por Javier Milei en el Congreso propone cambios sustanciales en las penas para quienes corten calles y participen en piquetes. Estos son los puntos más destacados:
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La Ley Ómnibus que envió Javier Milei agrava penas para los piqueteros. (Foto: NA)
Agravamiento de Penas para Cortes de Calle:
Modificación del Código Penal: La propuesta incluye cambios en el artículo 194 del Código Penal, buscando aumentar las penas para quienes obstaculicen el normal funcionamiento de transportes y servicios públicos. La pena actual de 3 meses a 2 años de prisión se elevaría a un rango de 1 a 3.5 años, con la posibilidad de prisión efectiva para aquellos que reciban la pena máxima.
Causales Agravantes: Se establece que si el manifestante porta un arma o causa daño a la integridad física de las personas, la pena puede aumentar a un rango de 2 a 4 años de cárcel.
Responsabilidad de Organizadores y Coordinadores:
Penas para los Organizadores: Aquellos que dirijan, organicen o coordinen manifestaciones que afecten la circulación o causen daños podrían enfrentar penas de 2 a 5 años de prisión, incluso si no participan directamente en la marcha.
Responsabilidad Solidaria: Los organizadores serán solidariamente responsables por los daños causados por los manifestantes a terceros o bienes públicos o privados, sin eximirlos de otras posibles acciones legales o multas.
Notificación Obligatoria y Multas:
Notificación Anticipada: Todas las marchas deberán notificarse al Ministerio de Seguridad de la Nación con al menos 48 horas de antelación, detallando características, datos de los organizadores, objeto y finalidad, ubicación, recorrido, tiempo de duración y cantidad estimada de convocados.
Multas por Incumplimiento: Los organizadores que incumplan con la notificación o provoquen incumplimientos por parte de los manifestantes podrían enfrentar multas significativas, hasta un máximo de veinte mil (20,000) unidades fijas (UF).
Estas propuestas generan un fuerte debate sobre los límites a la protesta y la respuesta del Estado, marcando un cambio significativo en las regulaciones sobre el derecho a la manifestación en Argentina. A medida que se discuten en el Congreso, se espera una intensificación en las protestas y críticas de diversos sectores de la sociedad.
