Ley Ómnibus de Milei Busca Endurecer Penas para Piquetes y Manifestaciones

En un giro significativo hacia la regulación de protestas y manifestaciones, la Ley Ómnibus presentada por Javier Milei en el Congreso propone cambios sustanciales en las penas para quienes corten calles y participen en piquetes. Estos son los puntos más destacados:

La Ley Ómnibus que envió Javier Milei agrava penas para los piqueteros. (Foto: NA)

Agravamiento de Penas para Cortes de Calle:

Modificación del Código Penal: La propuesta incluye cambios en el artículo 194 del Código Penal, buscando aumentar las penas para quienes obstaculicen el normal funcionamiento de transportes y servicios públicos. La pena actual de 3 meses a 2 años de prisión se elevaría a un rango de 1 a 3.5 años, con la posibilidad de prisión efectiva para aquellos que reciban la pena máxima.

Causales Agravantes: Se establece que si el manifestante porta un arma o causa daño a la integridad física de las personas, la pena puede aumentar a un rango de 2 a 4 años de cárcel.

Responsabilidad de Organizadores y Coordinadores:

Penas para los Organizadores: Aquellos que dirijan, organicen o coordinen manifestaciones que afecten la circulación o causen daños podrían enfrentar penas de 2 a 5 años de prisión, incluso si no participan directamente en la marcha.

Responsabilidad Solidaria: Los organizadores serán solidariamente responsables por los daños causados por los manifestantes a terceros o bienes públicos o privados, sin eximirlos de otras posibles acciones legales o multas.

Notificación Obligatoria y Multas:

Notificación Anticipada: Todas las marchas deberán notificarse al Ministerio de Seguridad de la Nación con al menos 48 horas de antelación, detallando características, datos de los organizadores, objeto y finalidad, ubicación, recorrido, tiempo de duración y cantidad estimada de convocados.

Multas por Incumplimiento: Los organizadores que incumplan con la notificación o provoquen incumplimientos por parte de los manifestantes podrían enfrentar multas significativas, hasta un máximo de veinte mil (20,000) unidades fijas (UF).

Estas propuestas generan un fuerte debate sobre los límites a la protesta y la respuesta del Estado, marcando un cambio significativo en las regulaciones sobre el derecho a la manifestación en Argentina. A medida que se discuten en el Congreso, se espera una intensificación en las protestas y críticas de diversos sectores de la sociedad.