Estrategia de los Piqueteros ante el Protocolo de Patricia Bullrich: Viajes en Transporte Público con Asistencia Legal

Las organizaciones piqueteras, en respuesta al protocolo antipiquete anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, han decidido llegar a la Ciudad de Buenos Aires el miércoles utilizando transporte público, específicamente trenes y subtes. 

La marcha será el miércoles 20 de diciembre (Adrián Escandar)

Este movimiento busca minimizar posibles conflictos, y para asegurar la protección de los manifestantes, se implementará un equipo multidisciplinario de organismos, dirigentes de Derechos Humanos, políticos y abogados laboralistas en las principales estaciones de ingreso a la ciudad.

El protocolo de seguridad presentado por Bullrich incluye medidas para prevenir que los manifestantes se reúnan y contempla la incautación de materiales como palos y rostros tapados en estaciones de tren. Las protestas en veredas sin cortes de calles serán dispersadas por las fuerzas federales, empleando la "mínima fuerza necesaria y suficiente". Bullrich enfatizó la prohibición de portar armas y municiones de plomo, así como el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes.

Las organizaciones piqueteras planean concentrarse en los alrededores del Congreso de la Nación y realizar marchas por diferentes avenidas, generando un posible caos vehicular en horarios pico. Bullrich ha advertido sobre la vigilancia preventiva en estaciones y la incautación de materiales.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, uno de los organizadores de la marcha a Plaza de Mayo del miércoles 20 de diciembre (Luciano González)

En respuesta al protocolo, la Unidad Piquetera ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la Justicia, buscando la anulación de la resolución que establece el protocolo antipiquete. Además, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura ha expresado su crítica al protocolo, destacando que no prohíbe taxativamente el uso de armas letales y municiones de plomo, vulnerando límites establecidos por el derecho internacional de derechos humanos y la Constitución Nacional.