En el día de hoy, se dio a conocer el veredicto del jurado de enjuiciamiento en el caso de las funcionarias judiciales Ana Clara Pérez Ballester y Elisa Alejandra Catán, quienes fueron absueltas de las acusaciones de mal desempeño en el manejo del caso Lucio Dupuy. El niño de 5 años fue trágicamente asesinado en 2021 por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.
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Ana Clara Pérez Ballester, titular del Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N°1 de General Pico, y Elisa Alejandra Catán, responsable de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes N°2 de la misma ciudad, mantendrán sus cargos dentro del Poder Judicial de La Pampa, a pesar de las críticas y la controversia generada por el caso.
El jurado del Tribunal de Enjuiciamiento estuvo conformado por Fabricio Luis Losi, presidente del Superior Tribunal de Justicia; las diputadas María Silvina Larreta y María Andrea Valderrama Calvo; y las abogadas Silvina María Garro y María Natalia Gaccio.
El juicio, que comenzó el martes 11 de diciembre, se centró en las acciones de las funcionarias en el proceso de otorgamiento de la tenencia de Lucio Dupuy a su madre y su pareja, responsables de su trágica muerte. Durante las audiencias, se escucharon testimonios clave, incluyendo el del padre de Lucio, Christian Sebastián Dupuy, y otros familiares.
La última jornada del juicio, que tuvo lugar el martes pasado, incluyó un careo entre las abogadas representantes de la familia de Lucio y Ramón Dupuy, abuelo del niño. En sus últimas palabras antes del cierre, Pérez Ballester solicitó considerar las circunstancias reales y la verdad de los hechos, mientras que Catán pidió justicia y rechazó cualquier responsabilidad en la tragedia.
En los alegatos finales, el procurador general Guillermo Sancho cuestionó la falta de escucha al niño y al padre, así como la omisión de la intervención del equipo técnico interdisciplinario del Poder Judicial.
A pesar de la absolución de las funcionarias, el caso ha dejado abiertas reflexiones sobre el rol del sistema judicial en la protección de menores y la necesidad de revisar los protocolos de evaluación en casos de custodia.
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