La denuncia de la Aduana contra siete empresas cerealeras por supuestas sobre facturaciones en importaciones de poroto de soja desde Paraguay ha generado suspicacias en el mercado de granos. La investigación, que apunta a operaciones realizadas en 2022, coincide con el bloqueo de la Afip a los pagos de importaciones, paralizando la molienda y exportación y creando un escenario de incertidumbre para el próximo gobierno.
Según la Aduana, la maniobra involucra la importación directa de soja desde Paraguay con "refacturaciones" de intermediarios en otros países. La exportación, documentada con intermediarios en Suiza, se realizaba a un valor de USD 473 la tonelada, mientras que la importación a Argentina para su procesamiento se hacía a USD 625. La Aduana presume que el objetivo de la maniobra era fugar divisas obtenidas a valor oficial.
Las empresas bajo investigación son Aceitera General Deheza, Bunge Argentina, Cargill SA, Cofco International, LDC Argentina SA (Louis Dreyfus Company), Molinos Agro SA (Molinos Río de la Plata) y Viterra Argentina SA. La multa, que se determinará el próximo miércoles, se estima en casi USD 4 millones.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), se defendieron argumentando que todas las operaciones se ajustaron a la normativa de importación temporaria vigente. Afirmaron que el régimen permite importar soja en momentos de escasez local, procesarla en Argentina y exportar productos con mayor valor agregado.
La Federación de Entidades Acopiadoras de Argentina también emitió un comunicado acusando a los exportadores de ingresar dólares liquidados al nuevo tipo de cambio oficial y pagar el grano en operaciones forward a un tipo de cambio más bajo. Ante esta situación, se aconseja impugnar liquidaciones que no se ajusten a los parámetros y prevenir eventuales reclamos individuales.
La denuncia y las acusaciones actuales generan un clima de incertidumbre en el mercado de granos, condicionando al próximo gobierno en un escenario económico complejo.
La denuncia de la Aduana, junto con otras tensiones en el mercado de granos, plantea desafíos significativos para la gestión entrante en un contexto de transición gubernamental.
