El ministro de Justicia y Seguridad santafesino reclamó normativas locales para que la Policía pueda intervenir de forma directa y evitar la saturación de los tribunales penales.
El debate en torno a la regulación y permanencia de los cuidacoches en la vía pública sumó un capítulo definitorio en la provincia de Santa Fe. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, instó de manera formal a los intendentes de los principales conglomerados urbanos de la provincia a dictar normativas locales que prohíban taxativamente la actividad. El planteo del funcionario apunta a dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas administrativas de aplicación inmediata, evitando que este conflicto urbano termine recargando la estructura del sistema penal.
La posición del Ejecutivo provincial busca trazar una línea de demarcación clara entre las faltas de convivencia ciudadana y los delitos complejos. Según la óptica del Ministerio, la judicialización sistemática de las disputas en torno al espacio público distrae recursos operativos vitales que deberían estar destinados a la persecución de bandas criminales y al control del territorio en los barrios más calientes de ciudades como Rosario y Santa Fe.
El reclamo por herramientas administrativas directas para la Policía
La propuesta de Cococcioni establece que el abordaje de los denominados "trapitos" debe resolverse mediante el poder de policía que poseen las administraciones locales. El ministro argumentó que, si los Concejos Deliberantes de cada localidad establecen la ilegalidad de la actividad a través de ordenanzas específicas, la Policía de la provincia se encontraría habilitada para actuar de manera preventiva en la calle sin la necesidad de tramitar una causa judicial o requerir la intervención de un fiscal de turno.
"Si hay una prohibición por ordenanza, la Policía puede actuar", sostuvo el ministro de Justicia y Seguridad, diferenciando esta alternativa del engorroso procedimiento que implica encuadrar la actividad bajo figuras penales como la extorsión o las amenazas. Bajo el esquema propuesto por el gobierno provincial, la sanción administrativa o el desalojo del espacio público permitiría restablecer el orden en las zonas comerciales y gastronómicas con una agilidad que el fuero penal, por su propia naturaleza formal, no puede ofrecer en el corto plazo.
La saturación del sistema penal y la prioridad de los delitos graves
Uno de los principales ejes que fundamenta el pedido del Ejecutivo es el estado de saturación en el que operan los tribunales provinciales. Las estadísticas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) reflejan que el volumen de denuncias por conflictividad menor insume un porcentaje considerable de las horas de trabajo de los fiscales, lo que genera un cuello de botella que afecta la velocidad de respuesta en investigaciones críticas como homicidios, balaceras o redes de narcomenudeo.
Cococcioni insistió en que el Ministerio Público de la Acusación debe funcionar como un órgano de persecución de alta selectividad criminal. Para el funcionario, la estructura judicial no puede transformarse en el árbitro de disputas vecinales o de actividades informales de subsistencia en la vía pública, ya que la persecución penal de estos fenómenos marginales consume recursos económicos y de personal técnico que el Estado santafesino necesita concentrar en el combate contra el crimen organizado que afecta la seguridad pública.
Antecedentes y el mapa de la conflictividad urbana en Rosario y Santa Fe
La problemática de los cuidacoches no es nueva en el territorio santafesino, pero su intensidad se ha incrementado debido al deterioro de los indicadores sociales y al incremento de situaciones de violencia ligadas a la disputa por el control de las cuadras de estacionamiento. En Rosario, los sectores de Pichincha y Pellegrini han sido escenario de reiterados operativos de control que derivaron en la detención de personas con antecedentes penales o con pedidos de captura activos, confirmando que la actividad muchas veces funciona como cobertura para otros delitos.
Por su parte, la ciudad de Santa Fe implementó en su momento el programa de Estacionamiento Social Asistido (SEOM) en determinadas franjas horarias y zonas específicas como barrio Candioti, intentando un esquema de regularización y empadronamiento que generó resistencias tanto de los propios cuidacoches como de los vecinos comerciales. La postura actual de Cococcioni marca un quiebre con esas experiencias de integración social, inclinando la balanza de la gestión de la seguridad hacia un modelo basado en el control estricto y la erradicación de la actividad mediante la fuerza pública.
El impacto en las administraciones municipales y los desafíos legales
El emplazamiento del ministro traslada la responsabilidad política de forma directa a los municipios, obligando a los intendentes Pablo Javkin de Rosario y Juan Pablo Poletti de Santa Fe a redefinir sus agendas de control urbano. La sanción de ordenanzas de prohibición absoluta enfrenta complejidades de carácter técnico y social, dado que los ejecutivos locales suelen carecer de la capacidad logística y de personal de control para sostener la vigilancia permanente de las calles sin el apoyo directo e intensivo de los efectivos de la Policía provincial.
Los especialistas en derecho constitucional advierten que la aplicación de sanciones administrativas sobre actividades en la vía pública debe respetar las garantías individuales, evitando la discrecionalidad o la criminalización de la pobreza de sectores vulnerables. No obstante, la presión de los centros comerciales a cielo abierto y las asociaciones vecinales, que denuncian de manera constante tarifas fijas abusivas y aprietes a los automovilistas, ha volcado el humor social hacia la aceptación de medidas restrictivas severas para recuperar la tranquilidad de los espacios de esparcimiento nocturno.
Próximos pasos en la agenda de seguridad de la provincia
La iniciativa de la cartera de Justicia y Seguridad se presentará formalmente en las mesas de coordinación conjunta que el gobierno provincial mantiene con los equipos técnicos de las principales intendencias. En esos ámbitos de articulación se evaluará la viabilidad de un proyecto de ordenanza unificado que pueda ser replicado en las diferentes jurisdicciones, dotando a la policía de un protocolo de actuación estandarizado para todo el territorio santafesino que evite las interpretaciones dispares según la localidad.
La resolución de este conflicto urbano será un indicador clave para medir la efectividad del plan de seguridad integral que el gobernador Maximiliano Pullaro busca consolidar en Santa Fe. En un contexto de alta sensibilidad comunitaria respecto al orden público, la remoción de los cuidacoches mediante herramientas administrativas aspira a convertirse en una política de impacto visible y rápido, mientras el sistema judicial intenta reordenar sus prioridades hacia la desarticulación de las estructuras criminales complejas.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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