La Cámara de Apelación en lo Laboral confirmó el fallo de primera instancia que obliga a la aseguradora a indemnizar a un trabajador y aplicar sanciones por conducta procesal maliciosa.
La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral ratificó una condena contra Omint ART SA, obligándola a abonar una prestación dineraria integral a un trabajador que sufrió una grave lesión en su pierna izquierda. El tribunal de alzada respaldó la resolución dictada originalmente por la jueza Paula Calace Vigo, quien determinó que la firma debe responder por las secuelas físicas derivadas de un accidente ocurrido en ocasión de las tareas laborales habituales del dependiente.
El fallo de primera instancia, ahora confirmado en su totalidad, dispuso que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo otorgue la indemnización correspondiente junto con un resarcimiento adicional de pago único, tras acreditarse un 12% de incapacidad física en el demandante. La resolución judicial desestimó los recursos presentados por la compañía privada, consolidando la doctrina que protege la integridad psicofísica de los empleados en sus puestos de trabajo.
Un aspecto central del veredicto radica en que la magistrada Calace Vigo declaró la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019 para el caso concreto. Dicha normativa, dictada durante la gestión presidencial anterior, modificaba el artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo alterando el cálculo de los intereses de las indemnizaciones, un mecanismo que los tribunales consideraron perjudicial para el poder adquisitivo del operario accidentado.
Los detalles del accidente en la jornada laboral
El hecho que originó la demanda judicial ocurrió el 2 de julio de 2018, cuando el operario se encontraba desempeñando sus funciones específicas de carga y descarga de materiales pesados. Según consta en el expediente patrocinado por el abogado Martín Frúgoli, el trabajador realizaba el levantamiento habitual de bolsas de harina cuando, al girar bruscamente sobre su pierna izquierda, sintió un dolor agudo e invalidante en la rodilla.
Ante la imposibilidad de continuar con la jornada productiva debido al trauma físico, el afectado fue trasladado al centro médico privado Mapaci Laboral. En dicha institución se le practicaron estudios de diagnóstico por imágenes de alta complejidad, cuyos resultados confirmaron una ruptura meniscal severa que requería una resolución quirúrgica de carácter urgente para evitar daños crónicos.
La intervención quirúrgica se concretó finalmente el 14 de julio de ese mismo año. Tras completar un periodo de kinesiología y rehabilitación ambulatoria, la aseguradora le otorgó el alta médica obligatoria, pero omitió fijar un porcentaje formal de incapacidad laboral, lo que forzó al damnificado a recurrir de manera particular ante las instancias administrativas correspondientes.
Conducta procesal maliciosa y aplicación de tasas punitorias
Uno de los pilares del fallo definitivo apunta contra la estrategia jurídica desplegada por Omint ART SA a lo largo del proceso. En una resolución aclaratoria complementaria, la jueza interviniente determinó que la compañía incurrió en una conducta morosa respecto del pago de las prestaciones dinerarias esenciales que ya contaban con resolución firme por parte de la Comisión Médica.
La magistrada calificó el accionar de la empresa como una conducta procesal maliciosa y temeraria, encuadrada explícitamente en el artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo. El fundamento judicial subraya que la aseguradora evidenció propósitos puramente obstruccionistas o dilatorios en reclamos de carácter alimentario, buscando retrasar el cumplimiento efectivo de sus obligaciones contractuales y legales.
"Propósitos obstruccionistas o dilatorios en reclamos por accidente de trabajo…", detalló el escrito judicial para justificar la aplicación de una sanción económica ejemplificadora. A raíz de este comportamiento, se condenó a la demandada a abonar intereses equivalentes a dos veces y media la tasa activa sumada que publica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos comerciales a 30 días.
La apelación de la aseguradora y el rechazo de la excepción de pago
En su estrategia de defensa, Omint ART SA solicitó el rechazo de las pretensiones del trabajador aduciendo que ya había cumplido con sus obligaciones legales mediante el desembolso previo de una suma de dinero. La aseguradora interpuso una excepción de pago total, argumentando haber liquidado el monto de 199.511,20 pesos en base a un dictamen de la Comisión Médica que establecía apenas un 7% de incapacidad.
Asimismo, la firma pretendió desvincularse de una segunda afección denunciada por el demandante, relacionada con patologías crónicas en la columna vertebral derivadas del esfuerzo físico diario y continuado al levantar las bolsas de materia prima. La empresa afirmó haber tomado conocimiento de dicha enfermedad profesional recién con el traslado de la demanda ordinaria, desconociendo el nexo causal.
La resolución de la Cámara de Apelaciones echó por tierra los argumentos de la aseguradora al confirmar el incremento del porcentaje de incapacidad al 12% global fijado en primera instancia. De este modo, la justicia laboral hizo lugar de manera parcial a las solicitudes del damnificado, ordenando que los intereses punitorios comiencen a computarse de forma retroactiva desde el 5 de julio de 2018, fecha en la que se constató la primera manifestación invalidante de la lesión.
De acuerdo con información difundida por: Versión Rosario
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