Las provincias de Neuquén y Santa Fe activaron fideicomisos con YPF y el complejo agroexportador para mitigar el colapso logístico que frena las exportaciones.
La decisión del presidente Javier Milei de paralizar de forma total el financiamiento de la obra pública nacional obligó a las provincias a diseñar esquemas alternativos de supervivencia para su infraestructura productiva.
El colapso de las calzadas por el incremento del tránsito pesado amenazaba con estrangular los récords de producción esperados para el segundo semestre de este año. La falta de partidas presupuestarias del Estado nacional erosionó la logística interna, incrementando los costos operativos de fletes y ralentizando los tiempos de traslado de insumos críticos. Ante esta parálisis institucional, gobernadores opositores y aliados adoptaron herramientas del derecho comercial para captar fondos de las principales firmas exportadoras a cuenta de futuros beneficios tributarios, peajes directos o esquemas de financiamiento internacional avalados por los sectores corporativos.
El auxilio financiero de YPF para destrabar el cuello de botella en Vaca Muerta
En la provincia de Neuquén, el epicentro del desarrollo no convencional de hidrocarburos sufría las consecuencias directas de una red vial saturada. El salto de actividad en los yacimientos provocó un colapso en las rutas de acceso a la localidad de Añelo, con demoras prolongadas en la llegada de camiones cargados con arenas de fractura y un consecuente aumento en la siniestralidad. Para mitigar este freno logístico, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, formalizó un plan de contingencia corporativa enmarcado en el Plan 4x4, el programa estratégico diseñado por la petrolera estatal para cuadruplicar el valor de la compañía hacia el año 2030.
La ingeniería financiera de este salvataje vial se consolidó mediante la firma de una carta mandato entre YPF y el BID Invest, el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo.
"Firmamos una carta mandato para estructurar un financiamiento de hasta 500 millones de dólares destinado a obras viales estratégicas en la provincia de Neuquén", confirmó el titular de la firma energética respecto a la negociación multilateral. La operatoria implementada prevé que el repago de los créditos o los desembolsos adelantados por las operadoras del sector —donde también participan corporaciones privadas de capital nacional y extranjero— se compense a futuro mediante mecanismos de deducción de regalías provinciales o la futura implementación de peajes selectivos para el transporte de carga petrolera.
Santa Fe implementa un fideicomiso vial y una tasa de carga para los puertos
En el polo agroindustrial del Gran Rosario, por cuyas terminales fluviales se despacha cerca del 80% de los granos, harinas y aceites que exporta la Argentina, el gobierno de Santa Fe dispuso una estrategia similar basada en la sinergia con el sector privado. El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, impulsó la creación de un fideicomiso específico destinado a financiar obras viales críticas en los accesos a los puertos del cordón periurbano.
El financiamiento de este fondo fiduciario se sustentará mediante el cobro de una tasa unificada calculada en aproximadamente 1,5 dólares por tonelada de grano transportada.
La Bolsa de Comercio de Rosario y las principales firmas agroexportadoras agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) participan activamente de las mesas técnicas del proyecto, aunque los sectores de la producción primaria manifestaron alertas por el impacto en los costos del flete terrestre. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo santafesino defendieron el esquema argumentando que los flujos de recaudación proyectados permitirán, además, apalancar créditos de largo plazo otorgados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), acelerando obras que con recursos presupuestarios ordinarios demandarían más de dos décadas de ejecución.
El impacto de la privatización de hecho de la infraestructura logística
La delegación del mantenimiento de las rutas nacionales a consorcios privados y gobiernos provinciales marca una transformación estructural en la gestión de los servicios públicos en la Argentina. La paralización de la Dirección Nacional de Vialidad dejó desprotegidos corredores troncales que atraviesan múltiples jurisdicciones, forzando a los distritos subnacionales a asumir responsabilidades operativas sin la transferencia de las correspondientes partidas de coparticipación federal o impuestos al combustible.
Para los analistas del mercado logístico, esta provincialización y corporatización de la obra vial presenta ventajas en términos de velocidad de ejecución para los sectores de alta rentabilidad, pero abre interrogantes sobre la sustentabilidad de las rutas secundarias o de aquellas regiones que carecen de un entramado productivo exportador que despierte el interés del capital privado. Mientras las trazas viales que conducen a los muelles cerealeros y a los pozos de petróleo aseguran su financiamiento mediante contratos específicos, las redes de conexión interna de las provincias del norte y centro del país enfrentan un horizonte de desinversión prolongado que amenaza con profundizar las asimetrías económicas del territorio nacional.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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