
La Justicia constató gastos de Manuel Adorni por 139 millones de pesos con tarjetas de crédito
El fiscal federal Gerardo Pollicita comprobó consumos del exjefe de Gabinete que superaban sus ingresos formales y detectó que utilizaba plásticos de sus empleados para adquirir bienes de lujo.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, sumó un capítulo determinante en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal federal Gerardo Pollicita constató que el exfuncionario realizó consumos por un total de 139 millones de pesos a través de tarjetas de crédito durante el ejercicio de su función pública. Las evidencias contables incorporadas al expediente complican la situación patrimonial del investigado al detectarse un descalce sistemático entre sus ingresos declarados y el nivel de sus erogaciones mensuales.
Los informes financieros analizados por los peritos judiciales corresponden al período comprendido entre diciembre de 2023, momento en que Adorni asumió como vocero presidencial tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, y marzo pasado, cuando cesó en sus funciones como jefe de ministros. De acuerdo con los registros oficiales, el sueldo percibido por el exfuncionario promediaba los 3,5 millones de pesos mensuales hacia finales de 2025.
Compras bajo sospecha y el uso de plásticos de empleados públicos
El avance de la auditoría contable no solo dejó al descubierto el volumen de los gastos directos, sino también una modalidad de pago que los investigadores consideran indiciaria de una maniobra de ocultamiento. La Justicia detectó transacciones adicionales por más de 5,1 millones de pesos realizadas con tarjetas de crédito pertenecientes a tres empleados directos del área que coordinaba Adorni en la Vocería Presidencial y la Jefatura de Gabinete.
La hipótesis que maneja la fiscalía sostiene que el uso de cuentas y plásticos a nombre de subalternos tenía como finalidad evitar el registro directo de compras suntuarias en las declaraciones juradas del exjefe de Gabinete, particularmente ligadas a insumos tecnológicos de alta gama, electrodomésticos y equipamiento para videojuegos. Esta línea de investigación sumó declaraciones testimoniales clave en los últimos días, donde los propios empleados ratificaron la mecánica ante las autoridades judiciales bajo juramento.
El desfile de testigos que complica la situación del exfuncionario
La directora general de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, se presentó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 7 y confirmó haberle prestado su tarjeta de crédito personal a Adorni para la adquisición de un monitor gamer de características avanzadas. Se trató de un modelo Samsung Odyssey Oled G8 por un valor de 2.184.999 pesos. Según el testimonio de la funcionaria, el entonces jefe de Gabinete le reintegró el monto total de la compra en billetes de efectivo.
A este testimonio se sumó el de Gisela Kocsis, secretaria privada dentro del área de la Vocería, quien detalló que prestó su tarjeta para la compra de electrodomésticos destinados a una propiedad de Adorni, incluyendo un lavarropas y un lavavajillas de primera marca por un valor superior a los 3,1 millones de pesos.
Asimismo, otro colaborador de la Jefatura de Gabinete, Luis Enrique Aluju, admitió ante el fiscal Pollicita haber facilitado sus tarjetas de crédito para canalizar compras a través de la cuenta de Mercado Libre del propio Adorni. Entre los consumos detectados bajo esta modalidad figuran dos proyectores de video de alta resolución valuados en más de 1,8 millones de pesos cada uno. Los investigadores señalan que este entramado de "prestatarjetas" operaba como un circuito paralelo para eludir el control de la Oficina Anticorrupción.
Refacciones en dólares y el pedido de justificación patrimonial
Los consumos con tarjetas de crédito representan solo una de las vertientes de la causa penal que instruye la justicia federal. El expediente acumula otras evidencias que apuntan a importantes movimientos de dinero en efectivo vinculados a propiedades familiares. El contratista Matías Tabar se presentó ante las autoridades judiciales y aseguró haber percibido la suma de 245.000 dólares en efectivo por la remodelación integral de la vivienda que el exfuncionario posee en el barrio privado Indio Cua, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.
Ante la contundencia de los testimonios y los informes preliminares de las entidades bancarias, la fiscalía se encuentra a la espera del dictamen técnico definitivo que elabora la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (Dafi). Este documento técnico resultará clave para evaluar la evolución patrimonial conjunta de Adorni y de su esposa, determinando con precisión si existe un incremento de bienes que no pueda ser sustentado por las vías legales de ingresos declaradas durante la función pública.
Una vez que el informe de la Dafi sea remitido formalmente a los tribunales, el fiscal Pollicita procederá a formalizar la intimación para que el exjefe de Gabinete brinde una justificación patrimonial pormenorizada de los 139 millones de pesos en consumos, las compras de sus empleados y las obras en moneda extranjera. En la figura de enriquecimiento ilícito, la ley establece que es el imputado quien debe demostrar el origen lícito de los fondos cuestionados. En caso de que las explicaciones vertidas por la defensa no resulten verosímiles ni se correspondan con la documentación respaldatoria, el Ministerio Público Fiscal solicitará de inmediato la declaración indagatoria de Adorni ante el juez federal Ariel Lijo, acelerando el procesamiento en una causa que debilita el núcleo de la narrativa de transparencia de la gestión.
De acuerdo con información difundida por: C5N

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